La verdadera reforma del Poder Judicial depende de sus jueces

Elaborado por: Yvo Cuba Copello, socio del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International

El Poder Judicial atraviesa una de las peores crisis de su historia. Gracias a la revelación de numerosos audios hemos podido constatar cómo la corrupción es y ha sido pieza clave en la resolución de casos, en la elección de jueces, en el ascenso de magistrados y hasta en las contiendas de poder que existen en las más altas esferas de la institución.  Está más claro hoy que nunca que la corrupción debe ser atacada y sancionada. Sin embargo, no debemos perder de vista que la corrupción no es el único factor que impide que podamos obtener una justicia de calidad.

Los jueces, en sistemas como el peruano, son funcionarios públicos que operan dentro de una estructura jerárquicamente organizada. Su acceso y ascenso en la carrera judicial, dependen, en teoría, de sus cualidades, experiencia y méritos. Es más o menos evidente, sin embargo, que los mecanismos de selección y ascenso existentes en nuestro sistema no son los idóneos y que los agentes a cargo de los nombramientos y la promoción carecen de las condiciones necesarias para realizar esta importante tarea.

En un sistema en el que existan incentivos eficaces, claramente definidos y escrupulosamente aplicados, la falta de integridad o calidad en el servicio brindado al ciudadano debiera tener un costo para los jueces, en términos de acceso a incrementos salariales, oportunidades de ascenso e incluso permanencia en la carrera judicial. Hemos visto que en nuestro Poder Judicial eso no siempre ocurre y para constatarlo no hace falta litigar. Pero, ¿qué debemos hacer para transformar nuestro Poder Judicial en una institución que tenga como insignia la honestidad y la eficiencia?

Como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, es imprescindible reconocer que la calidad de nuestra justicia es el reflejo principalmente de la preparación, integridad y eficiencia de nuestros jueces. Como consecuencia de lo anterior, resultará de vital importancia generar incentivos adecuados para atraer al Poder Judicial  (y luego mantener) a los mejores abogados, de quienes previsiblemente se podrán obtener mejores respuestas frente a cualquier tipo de estímulo que se pueda crear para avanzar en la carrera judicial. Como bien sostiene el autor Carlos Gregorio a partir de evidencias empíricas, los costos derivados de la incompetencia son mucho mayores que los derivados de la parcialidad y la corrupción, siendo además que un escenario de incompetencia es más proclive a albergar inconductas de este tipo[1].

La corrupción, la excesiva carga procesal (que impide que un juez pueda dedicar el tiempo necesario a cada caso), la falta de idoneidad de los mecanismos de acceso y ascenso a la carrera judicial, las irregularidades cometidas en la ejecución de estos inadecuados mecanismos, la carencia  de aptitud de quienes evalúan a los jueces o a quienes pretenden serlo, la falta de independencia del Poder Judicial, y la mala imagen de la institución en nuestra sociedad, no hacen sino alejar a muchos buenos abogados de la judicatura, y a estas alturas, no podemos correr el riesgo de que muchos de los excelentes magistrados con los que todavía cuenta el Poder Judicial den un paso al costado.

Es claro que para revertir esta situación, la reforma del Poder Judicial debe ser abordada desde diversos ángulos. Creemos, no obstante, que uno de los aspectos más importantes en la reforma debe ser redefinir la composición y el rol de la Corte Suprema, la cual debería estar enfocada en generar y unificar jurisprudencia.

La existencia de precedentes vinculantes se traduce en seguridad jurídica al otorgarnos la posibilidad de predecir una decisión judicial, y sobre esa base de confianza, adoptar decisiones en nuestras cada vez más complejas relaciones interpersonales. Esto influye de manera eficiente no solo en la decisión de contratar con alguien, sino además en la decisión de litigar, ya que sincera las expectativas de éxito o fracaso en un proceso, las cuales suelen verse distorsionadas por el exceso de confianza del litigante (es decir, la expectativa infundada de un futuro fallo favorable), o por la imposibilidad del abogado (del demandante o del demandado) de prever un resultado.

La existencia de un sistema adecuado de precedentes podría contribuir entonces no solo a reducir el número de procesos judiciales, sino a disminuir, fundamentalmente, los costos asociados al proceso para todos sus agentes. Es decir, procesos cuya materia haya sido recogida en todo o parte por un precedente serían más ágiles, durarían menos y generarían menos esfuerzo para las partes y el juez. Esto debe, a su vez,, acortar la carga procesal, aminorar el costo de los abogados y contribuir a combatir la “sensación de impunidad” que causa la exagerada duración de los procesos y la posibilidad de que gane quien debe perder.

Un precedente también nos permite corroborar, de manera más sencilla, la aplicación del principio de igualdad frente a la ley y, como consecuencia, evitar decisiones contradictorias para casos idénticos. Esto último no solo contribuye a dotar de coherencia y uniformidad al sistema, sino que puede crear un freno para la corrupción (que tiene como uno de sus principales “productos” la posibilidad de convertir lo blanco en negro).

Pero más importante que todo lo anterior, es que debemos ser conscientes de que la unidad, coherencia y calidad de la jurisprudencia redundan necesariamente en el prestigio que requiere tener nuestra Corte Suprema, no solo frente a nuestra sociedad y nuestros jueces, sino, especialmente,  frente a quienes podrían aspirar, algún día, a iniciar la carrera judicial.