El impacto del COVID-19 en proyectos de infraestructura pública

Elaborado por: Zita Aguilera, socia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International

En el contexto de la emergencia sanitaria, y con la finalidad de reactivar la economía del país, se ha dispuesto el reinicio de la ejecución de obras públicas, con medidas sanitarias estrictas para prevenir el contagio por COVID-19. Esto representa un reto grande para los contratistas de obra, pues deberán enfocar sus esfuerzos tanto en la calidad técnica de las obras como en evitar que se produzcan contagios entre sus trabajadores, todo lo cual tendrá un impacto en los plazos en que estas obras podrán ser culminadas y en los precios que tendrá que pagar el Estado por éstas.

Para edificaciones y habilitaciones, en todo el territorio nacional, el Ministerio de Vivienda[1] ha dispuesto las siguientes medidas sanitarias:

- Reorganizar los trabajos con distanciamiento (1.50 metros entre persona y persona) y aforos (50% en cada espacio).

- Realizar evaluaciones médicas al personal; brindarles charlas de prevención; proveerles de productos de higiene y equipos de protección personal.

- Limpiar y desinfectar los ambientes, materiales y equipos.

- Implementar zonas específicas para el control previo, desinfección, vestuario, higiene personal, zona de descarga, traslado y almacenaje de materiales.

- Proveer alimentación y alternativas de servicio de traslado del personal (pudiendo ser transporte privado, público o no motorizado).

- Identificar grupos de riesgo y tratarlos de manera diferenciada, para proteger su salud.

- En caso de contagio, desinfectar los ambientes y equipos; disponer aislamiento domiciliario obligatorio para todo el personal que estuvo en contacto con la persona contagiada y hacerle seguimiento, etc.

- Instalar paneles y avisos sobre medidas de prevención, etc.

Similares medidas ha dispuesto el Ministerio de Transportes[2] para la ejecución de los trabajos de conservación vial, para los contratos de ejecución de obras y servicios de la red vial, en los contratos de consultorías de obras, en la ejecución de obras de infraestructura aeroportuaria y de puertos, metros y ferrocarriles.

Para que se reinicien las obras, el contratista debe elaborar y registrar en el SICOVID su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19”, tendrá que removilizar a su personal y equipos hasta la obra, y efectuar las adecuaciones necesarias en la zona de trabajo, precisamente para cumplir con las medidas sanitarias. Además, es necesario que la Entidad del Estado y el contratista logren acuerdos, para el reconocimiento de los sobrecostos, pues ya las empresas vienen con falta de liquidez debido a la cuarentena.

Por ello, tanto la Entidad como los contratistas deben encontrar el equilibrio y proporcionalidad, identificando las alternativas más eficientes para el reconocimiento de los sobrecostos. Hoy más que nunca se necesita que las partes actúen con vocación colaborativa, para que las obras se reanuden y se eviten dilaciones por ausencia de acuerdos, o que surjan más controversias que solo conllevan a que la brecha en infraestructura se acentúe.