La inversión pública en infraestructura natural

Elaborado por: Romina Segura, asociada principal del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

En el contexto actual, informarse adecuadamente, participar activamente y cooperar con las acciones estratégicas que realice el Estado son piezas clave para que se concreten los objetivos destinados a dotar al país de infraestructura económica y social de calidad; impulsar mecanismos de financiamiento; y promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas, entre otros[1].

Dicho esto, con el objetivo de informar y cooperar en el desarrollo de proyectos de infraestructura[2],  destacamos, por ejemplo, que recientemente la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ( ARCC) realizó el Roadshow Infraestructura Natural[3], en el que informó sobre el proceso de contratación de las actividades de diseño y construcción para el desarrollo de esta infraestructura cuya función principal así como la de otras soluciones integrales que viene contratando[4], es prevenir y mitigar los riesgos contra inundaciones y movimientos de masa.

La infraestructura natural proporciona beneficios a la población como: regulación hidrológica, secuestro de carbono, mitigación de inundaciones, regulación del clima, control de la erosión[5].  Su contratación y desarrollo en nuestro país permitirá garantizar que las inversiones en infraestructura sean sostenibles en la medida que su uso complementa o salvaguarda la infraestructura gris tradicional a la par de proveer una mayor resiliencia climática[6]. Así, la  infraestructura natural y física se complementan y refuerzan en favor de la población.

Este tipo de proyectos aún no es muy común. Si bien existe una brecha que acortar, su aplicación práctica en nuestro país a través de los proyectos  de diseño y construcción que por ejemplo la ARCC tiene planificando contratar a abril del 2022, podrá favorecer su uso progresivo en el desarrollo de la inversión pública. Los primeros proyectos se realizarán en las regiones de Tumbes, Lambayeque, la Libertad, Ancash, Ica y Lima, y se estima generarán una inversión de S/. 900 millones[7].

Para su desarrollo en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido, y como parte de la implementación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, se está considerando también el acompañamiento y apoyo de un PMO ( Project Managment Office) para el intercambio de conocimiento y la toma de decisiones, el uso de contratos modelo de estándar internacional, entre otros. En el caso de los Contratos, se anticipa que para el diseño y construcción de la infraestructura natural se utilizarán el Modelo NEC 3, destacándose que se continuará utilizando este modelo en la medida que propicia la buena  gestión del alcance, el control de la planificación del precio y las actividades, así como la cooperación entre las partes para llevar adelante esta infraestructura y alcanzar sus objetivos y  por ende a reducir el surgimiento de controversias.

Por su especialización y alto impacto ambiental, la realización de esto proyectos de infraestructura natural en nuestro país, configuran también una  oportunidad para  atraer la inversión del sector privado y propiciar la utilización de financiamientos como el verde y otros mecanismos innovadores. Lo que en este contexto puede impulsar nuestro crecimiento económico.

En nuestra opinión, la realización de las acciones aquí descritas no solo supone una mejora continua en la ejecución de las inversiones a cargo del sector público y el establecimiento de una base confiable de información para una adecuada gestión y toma de decisiones sino también el uso y aplicación de un marco legal y técnico adecuado para facilitar su aplicación y permanencia.

Finalmente, como se ha comentado en este Blog[8], destacamos el trabajo que el Estado a través de algunas instituciones y equipos multidisciplinarios viene realizando en coordinación con el sector privado y la academia con el propósito de desarrollar proyectos de infraestructura de manera sostenida y sostenible, utilizando para ello las buenas prácticas antes descritas que fortalecen las capacidades de los actores que participan en su gestión y desarrollo infraestructura  e incentivan un enfoque colaborativo.