Las motos y la inseguridad ciudadana

Ayer vi, por lo menos, tres casos de niños con sus padres viajando en moto. Dentro de poco, eso podría ser ilegal.

 En la ya común desesperación por frenar el crimen, los sucesivos gobiernos en el Perú -en sus distinto niveles- han optado por reconocer el fracaso de todas sus “estrategias” y simplemente prohibir. Prohibir de manera loca y, por supuesto, desesperada.

La medida de prohibir que dos personas viajen en moto, puedo asegurarlo hoy, no tendrá efectos verdaderos y potentes en el crimen, lejos de significar un menoscabo en la vida de las personas. Y no tendrá efectos por un hecho muy simple: los delincuentes no respetan la ley. Un ejemplo de esto es el caso del famoso permiso de lunas polarizadas que no significó ningún impacto en la inseguridad y que, por el contrario, determinó la generación de un mercado de corrupción que “obligaba” a algunos “ciudadanos de bien” a corromper para tener un permiso rápido.

Prohibir y elevar el castigo penal es la salida más fácil. Así, por ejemplo, están prohibidas la violencia contra la mujer, la violación sexual o el robo que, dicho sea de paso, tienen penas sumamente altas. Muy poco ha cambiado en la repercusión de esos fenómenos, no hay impacto. A este paso no será extraña la prohibición para que ciertas personas “de determinadas características” puedan caminar por la calle ya que ello podría determinar -en perspectiva de nuestros estrategas de seguridad ciudadana- una sospecha de crimen. A estrategias como estas responden los famosos encierros que fueron aprovechados en época COVID por gobiernos como este y los anteriores para mantenernos a todos “seguros” pero encerrados en nuestras casitas.

¿Cuál es la salida entonces? En general la estrategia contra el crimen debe de determinar, a mi juicio, un cambio de visión de 180° grados. La nueva visión consiste en mirar a los incentivos del delito e intentar aminorarlos. Bajo un esquema como este, sin duda, las motos forman parte de la cadena; el problema es que las motos las usan las personas que no cometen delitos y así, con normas de este tipo, se termina perjudicando a “justos por pecadores” sin causarse disminución delictiva, además de generar costos paralelos ¿se imaginan cuántos policías se necesitarán para fiscalizar el cumplimiento de esta insólita norma? En fin, hablando de incentivos del crimen convendría mirar a un mercado más acotado y que golpea directo a este tipo de ilícitos: el mercado de las armas y, ojo, por favorcito ahora no me vengan con que van a poner más difíciles los requisitos para que los ciudadanos tengan licencia. Hablando del tráfico de armas cabría preguntarse ¿qué acción se está haciendo para intervenir los mercados negros de armamento? ¿se está haciendo eso con estrategia y continuidad?

Ahora bien, lo antes dicho no implica dejar de lado la sanción penal. Sin embargo, para que esta tenga potencia, es crucial que la ley se cumpla. De nada sirve que tengamos penas elevadísimas si los jueces no las aplican en todos los casos y el instituto penitenciario no asegura su cumplimiento.

Entonces, como resumen, necesitamos una mirada más inteligente y que respete la libertad de las personas con un sano y eficaz equilibrio. Lo demás (prohibir, cancelar, reprimir, punir sin aplicación real y solo en papel) puede hacerlo cualquiera.

                                                                                   Lima, 14 de febrero de 2022

                                                                                   Eduardo Herrera Velarde.