Sobre la colaboración eficaz

¿Cómo controlar los procesos de colaboración eficaz? ¿cómo garantizar que no se degenere la justicia y que se tenga un resultado correcto (justo)? Esa es la gran cuestión detrás de los proyectos que pretenden modificar el procedimiento de colaboración eficaz.

 Acaso el aspecto más saltante es la penalización para aquellos que divulguen la identidad del aspirante a colaborador o contenido relevante (declaración). Y aquí hay una cadena de fuentes e información que, variantes más, variantes menos, se desarrolla constantemente cuando hay una divulgación por parte de la prensa, principal afectado con esta disposición.

Tengamos en cuenta algo que quizá muchas personas no conocen. Es relativamente sencillo -por información directa o especulación confiable- dar con la identidad de un aspirante a colaborador eficaz, también es bastante sencillo conseguir piezas de un expediente. Pese a existir una protección para las personas que, habiendo delinquido, quieran colaborar con la justicia, el dato siempre sale cuando hay interés. Con esto quiero significar algo de fondo: la norma per se no garantiza nada.

Que existen fuentes al interior del sistema de justicia no es novedad. Sancionar a alguien que trabajando ahí filtra información reservada o confidencial es, hasta cierto punto, coherente. Muestra de las transgresiones frecuentes son las propias publicidades que dan algunos fiscales o jueces dan de sus actuaciones (y no solo en el caso de las colaboraciones eficaces). Es decir, ellos mismos divulgan la información con fines no necesariamente prístinos o nobles. De ahí a castigar a una persona (periodista) que accede a una información y la revela, es inconveniente en nuestra realidad (además de ser “contra natura” respecto a la propia profesión).

El lector acucioso podrá darse cuenta que existe una aparente contradicción en mi afirmación anterior ¿por qué si se podría sancionar al funcionario que devela información y no al periodista? Verá que he usado dos palabras diferentes en cada caso. Coherencia, porque pienso que un funcionario que traiciona la confidencialidad a la cual se ha comprometido -por su propio cargo- amerita una sanción. Conveniencia o necesidad si se quiere, porque la prensa cumple un rol vital ante un sistema de justicia que no es confiable.

Entonces la única manera que tenemos los ciudadanos para controlar una justicia -que ningún órgano se atreve a controlar (en el mejor sentido de la palabra; es decir garantizar una correcta justicia)- es mediante la prensa. Por lo demás los procesos en este país son oscuros y ahí que se confundan con la confidencialidad. Dos cosas son distintas porque lo reservado o confidencial no necesariamente determina la oscuridad como en la que vivimos respecto a la justicia. El equilibrio, como todo en la vida, es el éxito.

Mientras que tengamos un sistema de justicia como el actual -en su mayoría poco predictible, inseguro, ineficiente y corrupto- necesitamos de la prensa que, dicho sea de paso, es nuestra única garantía y ojos ante lo que permanece oscuro y por lo tanto maleable. El asunto de fondo es, nuevamente, la tan ansiada reforma que tampoco nadie se atreve a hacer o impulsar. Hablemos de eso ya.

                                                                                              Lima, 24 de febrero de 2022

                                        Eduardo Herrera Velarde