Keiko, PPK y la economía (por Juan Mendoza)

Hay luces y sombras en los planes de Keiko y PPK. Es un acierto el compromiso de ambos candidatos de mantener y profundizar la economía de mercado que nos ha permitido crecer sostenidamente desde 1990. También es positivo el que ambos planteen revertir la caída en la inversión pública que, de forma inexplicable, se contrajo en el 2014 y 2015 justo cuando la economía más necesitaba el impulso fiscal.

Es loable el objetivo de Keiko de eliminar la desnutrición crónica infantil y garantizar el acceso universal a la atención primaria de salud. También es positivo que un eventual gobierno de Fuerza Popular buscara mejorar la legislación para extender la cobertura de los derechos laborales.

Pero sería un grave error utilizar el Fondo de Estabilización Fiscal para lanzar un shock de infraestructura como sugiere Keiko. El propósito del Fondo es atender shocks transitorios a las finanzas públicas o desastres naturales. Además, es mayor la brecha en la calidad y priorización de la inversión pública que la brecha en cantidad de infraestructura. Muchas de las recientes inversiones públicas, como Talara o la Interoceánica del Sur, no son socialmente rentables. En otras, como el Gasoducto del Sur, hay cuestionables garantías públicas financiadas con el bolsillo del ciudadano. ¿Entonces para que sacrificar el ahorro del país en cosas que no funcionan? Y mejor ni hablar de quemar más plata pública en hidrocarburos.

Es apropiado el diagnóstico del equipo de PPK sobre la economía peruana: la reducción en el crecimiento tiene como origen fundamental la caída en el precio de los metales; y luego que el impulso de minas como Cerro Verde y Las Bambas termine de materializarse no habrá nuevos motores de crecimiento. Por ello, las propuestas de PPK buscan lanzar reformas estructurales orientadas a mejorar la productividad y aumentar la flexibilidad de la economía peruana frente a los vaivenes del exterior.

Sin embargo, es audaz la apuesta de PPK por reducir el IGV. El riesgo de bajar el IGV es que, si no se logra atraer rápidamente más contribuyentes, caerá la recaudación tributaria, y, por lo tanto, se complicará el financiamiento de los bienes y servicios públicos. Si ello sucediera probablemente se tendría que volver a subir el IGV lo que restaría credibilidad a la política fiscal. Asimismo, dado que la reducción de impuestos del Ministro Segura no parece haber tenido mucho éxito en dinamizar la demanda agregada ¿Por qué reducir el IGV si lo haría?

Tanto Keiko y PPK proponen regímenes especiales para las pequeñas y medianas empresas (Mypes). Keiko propone que las Mypes que quieran formalizarse no pagaran impuesto a la renta durante dos años. PPK nos habla del llamado “10 x 10” que significa que la tasa del impuesto a la renta de las Mypes será 10% durante 10 años. Considero un error el que haya regímenes especiales. ¿Qué impediría que una Mype cambie de razón social cada dos años? Y ¿Qué incentivo tendría una Mype a crecer si hacerlo significaría un cambio radical en la tasa del impuesto que paga? En efecto, pienso que todo tipo de régimen especial es un obstáculo al crecimiento de la empresa.

Forzar la renegociación del gas parecería un viaje a la China. Tal renegociación acarrearía numerosos costos y escasos beneficios. El principal costo es que el Estado peruano perdería reputación y, en consecuencia, credibilidad. Y, tal y como nos dice la teoría económica, sin credibilidad cualquier política pública no tendrá efectividad. Si el Estado peruano renegocia de forma unilateral será harto difícil promover la inversión privada en un sector que la necesita a gritos. Por otro lado renegociar el gas sería un proceso largo y complejo que distraería el foco de atención de otras políticas públicas.

Finalmente, incluso en el mejor de los escenarios, el impacto macroeconómico de renegociar el gas sería modesto. Así, por ejemplo, multiplicar veinte veces el monto que recibe el Estado por concepto de regalías sería menor que el efecto de poner en marcha Tía María.

Además, la idea de privilegiar el abastecimiento de gas del mercado interno en lugar de la exportación es equívoca. Recordemos que el precio del gas se determina en el mercado internacional. Entonces, ¿por qué dejar de exportar el gas si en el extranjero podemos obtener más que consumiéndolo dentro de nuestro país?
Ambos candidatos proponen seguir utilizando el salario mínimo como parte de la política laboral. Pero diversos estudios en la década pasada, como los de Nikita Céspedes y Miguel Jaramillo, nos dicen que aumentos en el salario mínimo benefician a muy pocos, 1% de los trabajadores, al tiempo que incrementan la informalidad laboral.

Sin embargo, pienso que la sensatez primará una vez que PPK o Keiko ocupen la Casa de Pizarro. El activismo fiscal no pondrá llevarnos muy lejos pues ya nos encontramos con 3% de déficit fiscal. Ojalá que entonces el próximo gobierno olvide las fáciles promesas de campaña y se dedique a resolver los problemas reales que enfrenta el ciudadano. Y, precisamente sobre cuáles deberían ser las prioridades de la nueva administración, versará nuestra siguiente entrega.

Juan Mendoza
Lima, 31 de mayo de 2016.