Odebrecht y la corrupción (por Juan Mendoza)

El caso Odebrecht es un desafío central para la economía y política del país. Si la sociedad civil y nuestras autoridades actuamos con firmeza y decisión, tenemos una oportunidad para detener la corrupción a gran escala y la impunidad que la alimenta.

En efecto, gracias a un acuerdo alcanzado entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sabemos que la empresa brasileña coimeó en nuestro país por al menos 29 millones de dólares entre el 2005 y el 2014. Aunque no sabemos aún la identidad de los corrompidos y los proyectos en que hubo coima, estas revelaciones confirman lo que muchos hemos sospechado durante meses: que había una alta probabilidad de prácticas non sanctas por parte de Odebrecht. Asimismo, la gravedad de las revelaciones exige que nuestras autoridades nos den rápidas y convincentes explicaciones.

¿Cuáles son los costos de la corrupción? ¿Cuáles son sus consecuencias económicas y políticas? El primer costo es, por supuesto, la coima misma. Los pagos indebidos a funcionarios y políticos a cambio de favores no pueden quedar en la impunidad, pues si ello sucede el crimen sí paga para los corruptos. Cuando no se castigan las coimas hay menor incentivo y premio para los funcionarios y políticos honestos de dedicarle tiempo y esfuerzo a servir en la administración pública. Así, si la impunidad campea, quienes avanzan en sus carreras son los corruptos en desmedro de los honestos.

Peor aún, en nuestro país es frecuente que los peces gordos jamás respondan frente a la justicia cuando estallan los escándalos. En particular, en muchos casos son los funcionarios de rango medio o bajo los que fungen de chivos expiatorios mientras que hay completa impunidad para los grandes ladrones. Los peces gordos, al haber robado más, tienen más recursos con los cuales torcer y manipular las investigaciones y la administración de justicia en su favor. Debido al tratamiento asimétrico de la justicia frente a la corrupción, quienes deciden ser corruptos pueden estar tentados a robar en grande para reducir el riesgo de cualquier castigo futuro.

Pero las coimas son apenas la punta del iceberg del costo económico de la corrupción. El costo económico principal es la ineficiente asignación de recursos que se manifiesta de tres formas. La primera es que la coima suele aumentar artificialmente el costo de los proyectos pues el coimero gana más cuanto mayor es el sobreprecio. En segundo lugar, las coimas incrementan la probabilidad de que hagan proyectos que no se necesitan en desmedro de proyectos necesarios. Finalmente, las coimas suelen alterar las condiciones de los contratos para favorecer a las empresas corruptas en perjuicio del ciudadano. Por ejemplo, es muy sospechoso que en nuestro país el concesionario del Gasoducto del Sur disfrute de ingresos garantizados que se financian a través de aumentos en las tarifas de luz. En los siguientes meses sabremos si hubo o no corrupción en la concesión del Gasoducto.

Otro costo económico de la corrupción es que hace que las empresas que tienen prácticas honestas no participen en los procesos públicos de licitación pues saben que los resultados estarán amañados. Así, la corrupción rampante que vivimos en el Perú, priva a nuestro Estado de muchos empresarios honestos que prefieren ir a países menos corruptos. Es interesante anotar, por ejemplo, que Odebrecht jamás ganó licitación pública alguna en Chile.

Sin embargo, los costos más graves de la corrupción son políticos. La corrupción desmoraliza al ciudadano y pone en tela de juicio la legitimidad de los gobernantes. El ciudadano se pregunta, ¿por qué voy a confiar en autoridades corruptas o que toleran la corrupción? ¿Por qué tengo que pagar impuestos para que empresas corruptas se los metan al bolsillo? Algunas personas también dirán ¿por qué no puedo robar yo también si a los ladrones de saco y corbata, que roban por millones, no les pasa absolutamente nada?

Más aún, la corrupción sistémica que vive nuestro país corroe la misma fábrica social. Las empresas corruptas suelen ofrecer charlas, consultorías y trabajos varios a miembros de la sociedad civil a cambio de su apoyo o, cuando menos, su silencio. Quienes aceptan estos pagos, a sabiendas de la reputación de las empresas que los hacen, no son víctimas sino cómplices de la corrupción. Es harto lamentable que muchos profesionales y periodistas que han recibido pagos de Odebrecht o empresas similares no lo hagan público y, lo que es peor, opinen sobre el tema con desparpajo.

La respuesta del gobierno frente al escándalo de Odebrecht deja mucho que desear. La reacción inicial de PPK fue tibia y hasta complaciente con la empresa brasileña. Luego de varios días el gobierno ha anunciado que Odebrecht no participará más de licitaciones públicas lo cual, con todo respeto, es un saludo a la bandera pues Odebrecht está en proceso de liquidar sus activos en nuestro país. En otras palabras, lo último que le interesa a Odebrecht es participar en nuevas licitaciones en el Perú cuando su dueño está en prisión. Por ejemplo, lo que Odebrecht quiere hacer con el Gasoducto del Sur es vender su participación en el proyecto. Lamentablemente, nuestro gobierno respalda la política de la empresa brasileña en lugar de aprovechar la coyuntura para revisar el contrato en favor de los intereses del consumidor eléctrico nacional.

Lo que el gobierno debería hacer ipso facto es paralizar todos los proyectos activos de Odebrecht y las constructoras brasileñas, OAS, Camargo Correa y Andrade Gutierrez. La razón es que sabemos que todas estas empresas han utilizado la coima y los sobornos como forma de hacer negocios en el Brasil. Y si lo han hecho en el país vecino ¿por qué lo habrían hecho también en nuestro país? Pero el Ejecutivo no toma ninguna medida efectiva y concreta para investigar de cabo a rabo el accionar de estas empresas en el Perú.

Y es que hay muchos proyectos altamente sospechosos que tienen que ser investigados en el plazo más breve. Ejemplos incluyen la Interoceánica del Sur, con sus 22 adendas que triplicaron su presupuesto, y el ya mencionado Gasoducto del Sur. En este último proyecto alguien tiene que explicarnos cómo así el proyecto pasó de costar 1334 millones de dólares, y sin ingresos garantizados, en el 2008 a 7500 millones, con ingresos garantizados, en el 2014, de acuerdo con el testimonio del ex Presidente Alan García.

Se estima que tan solo Odebrecht ha ejecutado proyectos por más de 12 mil millones de dólares en los últimos quince años. Así, las posibles coimas y otros costos económicos son astronómicos. Por ejemplo, si Odebrecht hubiera pagado 5% de coima por ganar la buena pro de estos proyectos, entonces solamente el costo de las coimas llegaría a los 600 millones de dólares. ¿No se da cuenta entonces nuestro gobierno de la magnitud de las coimas y sobornos de las que estamos hablando?

Urge, además, que se nos explique por qué no hay ni un solo resultado concreto en la lucha contra la mega-corrupción en nuestro país. ¿No somos capaces de combatir la corrupción en el Perú? ¿Tenemos que resignarnos a que el valiente Juez Sergio Moro o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapen las mafias y corruptelas en nuestro propio país?
Más allá de la responsabilidad penal de algunos ¿Nadie va a asumir la responsabilidad política? ¿Cómo así podemos permitir que empresas corruptas del extranjero vengan a asaltar al Estado peruano sin que pase absolutamente nada? ¿Nadie sospechaba siquiera un poco de que estas empresas no venían con las mejores intenciones al Perú?

El gobierno no parece percatarse que la corrupción es la principal barrera al desarrollo del país. Seguiremos siendo subdesarrollados si no le ponemos coto al robo sistemático contra el Estado peruano. Pero nunca es tarde para hacer lo correcto. La sociedad civil debe reaccionar y ejercer constante presión sobre nuestras autoridades hasta que tengamos resultados concretos y satisfactorios. Si queremos que nuestros hijos alcancen el desarrollo, entonces pongamos manos a la obra en derrotar el cáncer de la corrupción.

Juan Mendoza, 31 de diciembre de 2016.