Chinchero: comedia de equivocaciones (por Juan Mendoza)

La suspensión de Chinchero es lamentable. Si el gobierno está tan convencido de las bondades del proyecto, al punto que PPK ha salido a defenderlo, entonces ¿por qué suspende la firma de la adenda del contrato de concesión? Por otro lado, si el gobierno cree que el proyecto es lesivo al interés nacional, entonces debería volver a licitar el aeropuerto. La política de la ambigüedad solo confunde al ciudadano. ¿Qué hacemos con un Ejecutivo que no ejecuta?

Lo cierto es que hay objeciones de fondo a la adenda de Chinchero, concesión ganada por el consorcio Kuntur-Wasi el 2014. De acuerdo con José Luis Guasch, Alonso Segura y Patricia Benavente, entre otros, la adenda es inconveniente pues haría que el Estado corra con el grueso del riesgo de financiamiento del proyecto. En efecto, con la adenda propuesta el 80% del financiamiento sería responsabilidad del Estado. Asimismo, en la adenda se propone que el concesionario irá recibiendo los pagos a medida que avance la obra, a diferencia del contrato original en que los pagos se hacían una vez terminado el aeropuerto. En consecuencia, la adenda traslada también el riesgo de la construcción del aeropuerto desde el concesionario hacia el Estado.

Por otro lado, el concesionario sostiene que el contrato original era ambiguo en cuanto a cómo se distribuiría el riesgo financiero. En particular, el contrato no especifica la tasa de interés que se utilizará para pagarle al concesionario por su inversión una vez terminado el aeropuerto. Esta grave omisión en el contrato es la madre de las disputas entre el Estado y el concesionario.

El Ministro Thorne ha dicho que con la adenda el proyecto se vuelve una obra pública, en cuyo caso uno se pregunta para qué se necesita al concesionario. Es decir, si el Estado va a poner la mayor parte del financiamiento, además de dar un adelanto para capital de trabajo, entonces ¿Qué contribuye Kuntur-Wasi que justifique gozar del usufructo de la concesión del aeropuerto por 40 años?

Lo único cierto en esta comedia de equivocaciones es que el Cusco seguirá esperando por un nuevo aeropuerto.

En mi opinión la adenda cambia sustantivamente el contrato original a favor del concesionario y en desmedro del Estado. La razón es que, con la adenda, el Estado aporta más al proyecto y corre más riesgos sin obtener beneficio aparente. Además, si el Estado fuese a licitar Chinchero con condiciones tan atractivas para el concesionario como las propuestas en la adenda, sin duda recibiría mejores propuestas que las que recibió en la licitación original del 2014.

Las APP solo deberían utilizarse cuando la colaboración público-privada genera menores costos, mayor eficiencia o menor riesgo para el sector público. Chinchero y muchas otras APP no parecen satisfacer estos criterios. Más aún, la mayoría de las adendas parecen sistemáticamente favorecer al privado y perjudicar al sector público. Ello parecería ocurrir al menos por dos factores. En primer lugar, hay serias deficiencias en el diseño de las licitaciones, como por ejemplo el no especificar la tasa de interés en el contrato de Chinchero. En segundo término, algunos postores privados estarían lanzando ofertas económicas bajas para ganar el concurso para luego cambiar las condiciones del contrato a su favor, a sabiendas que los funcionarios públicos tendrán reticencia a no aceptar las adendas por temor a demorar los proyectos.

¿Cómo así el Estado de los años 50 y 60 fue capaz de construir aeropuertos, carreteras y plantas de agua sin APPs? ¿Cómo así el Estado de hoy, con muchos mayores recursos, parece incapaz de construir infraestructura sin que haya sospecha de ineficiencia o corrupción?

Juan Mendoza, 31 de enero de 2017.
Versión ampliada del artículo “Chinchero: comedia de desaciertos” publicado en Perú 21, página 2, 31-01-2017.