La lucha anticorrupción en el Perú el 2019 (II)
La corrupción, uno de los principales problemas del Perú, de acuerdo con todas las encuestas de opinión de hace más de una década, se ha convertido en una amenaza para la gobernabilidad del país. Las dimensiones alcanzadas por la corrupción nos llevan a preguntarnos ¿cuánto sabemos de sus causas y de sus impactos?. Ciertamente cada peruano tiene una respuesta; sin embargo, para efectos de la formulación de políticas públicas se necesitan análisis más elaborados.
En realidad las respuestas con un grado de rigurosidad por lo general vienen de la investigación académica. Al respecto, el balance realizado por Ludwig Huber, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), para el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), en diciembre del 2019, no es muy alentador.
Para el periodo 2011-2016, Huber encontró: 1) Pocas investigaciones académicas, 2) Publicaciones de poca difusión y un buen número tesis universitarias no publicadas, 3) Enfoques centrados más en lo empírico descriptivo que en lo analítico y 4) Un panorama segmentado de disciplinas que poco o nada comunican entre ellas, con excepciones del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y el Laboratorio de Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú).
En la agenda futura, Huber destaca la realización de estudios que se dirijan hacia una mejor comprensión de la corrupción en un contexto particular. Así, los cuestionamientos a la gestión de los gobiernos regionales y locales deberían llevar a conocer el tipo de relación existente entre la corrupción y la descentralización. Asimismo ahora que acudimos a las urnas electorales, debería haber una respuesta más formal a ¿por qué la gente vota por candidatos con reputación de ser corruptos?. Otros asuntos interesantes para abordar desde el lado académico son las relaciones o asociaciones entre la desigualdad, la informalidad y la corrupción.
Sí merecen destacar dos investigaciones realizadas bajo el auspicio del CIES. “Explorando los efectos de la sobrevaluación de obras públicas. Un análisis de caso a partir de las inversiones viales municipales”, de Yohnny Campana y Álvaro Monge, analistas de Macroconsult[i], y “Redes de corrupción política en el Perú”, un resumen de la tesis de maestría de José Guerra[ii], ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería.
El trabajo de Campana y Monge encuentra que los sobrecostos de las inversiones, sea por corrupción y por ineficiencia de las municipalidades, es heterogénea en el país. Asimismo hay una correlación negativa débil entre las medidas de participación y control de la población; mientras que en el canon la vinculación con la ineficiencia es positiva. Se trata de un trabajo ambicioso que no ha estado exento de contratiempos, como las facilidades para acceder a la información de la Contraloría General de la República (CGR)[iii].
El trabajo de Guerra es uno de los primeros en el Perú en aplicar teoría de redes con enfoque en redes sociales[iv] para 46 casos de corrupción entre 1990 y 2014. Así encontró que el 94% de las personas involucradas en algún caso de corrupción analizado estaban conectadas y que las personas involucradas en más de un caso de corrupción eran principalmente altos funcionarios. Además halló que los periodos de los gobiernos de Fujimori y de García fueron los más importantes en la dinámica de la red de corrupción.
Otro trabajo interesante es “El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales. Los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios”[v] que fue elaborado por un equipo liderado por Eduardo Vega, director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en el 2018. Aquí se plantea la necesidad de acciones distintas a las que se han implementado para cambiar las redes de corrupción que permanecen, a pesar de los cambios normativos, de gestión y de políticas públicas.
De otro lado, también merecen destacar los trabajos realizados por varias entidades nacionales e internacionales sobre la corrupción en diversos países de la región, incluyendo el Perú, que fueron presentados en el transcurso del 2019. Los análisis en estos casos se derivan de encuestas de opinión diseñadas desde enfoques más específicos y con preguntas distintas a las que se incluyen en los sondeos de opinión habituales.
El Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, que dirige Matilde Schwalb, en coordinación con otras 10 universidades e institutos de América Latina, elaboró el libro “Estado de las prácticas empresariales contra el soborno: primer estudio latinoamericano”[vi] que fue presentado en setiembre del 2019. En sí es un trabajo que inicialmente lo venía realizando la Universidad Externado de Colombia para el mercado colombiano[vii]; pero que en esta oportunidad se amplió a 7 países[viii] de la región.
Se trata de un estudio de tipo exploratorio y descriptivo sobre el soborno (o cohecho). Se buscó indagar sobre el conocimiento de la legislación asociada a la corrupción en general y al soborno en particular, y los esfuerzos que las empresas, en donde trabajan, vienen realizando para combatir el soborno. En el caso del Perú se realizaron 420 entrevistas a directivos de pequeñas, medianas y grandes empresas[ix] que desarrollan actividades en diversos sectores (extractivos, industriales, construcción, servicios).
Se detectó la existencia de bajos niveles de conocimiento de las organizaciones sobre los mecanismos voluntarios y obligatorios para combatir el soborno, lo cual lleva a la necesidad de mayor difusión sobre las iniciativas anticorrupción. Los instrumentos utilizados para combatir el soborno son códigos de conducta y/o de ética; aunque un porcentaje alto señaló que no realiza ninguna acción. Asimismo se percibe al soborno como una actividad recurrente en el entorno de los negocios; pero disminuye cuando se habla de la actividad económica del entrevistado.
Otro trabajo que incluye a 10 países latinoamericanos[x] es “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, elaborado por la Corporación Andina de Fomento (CAF)[xi], que fue presentado en noviembre del 2019. El análisis que la CAF hace sobre las políticas anticorrupción aplicadas en diversos países fue enriquecido con la información recogida por la encuesta, ésta incluyó medidas de tolerancia a la corrupción, percepciones y opiniones de las personas, interacción con los funcionarios, etc.
La integridad en políticas públicas es definida como las decisiones para maximizar el bienestar colectivo; en tanto que la agenda anticorrupción debería ser abordada desde cuatro ámbitos: 1) reglas y control en la función pública, 2) mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, 3) gobernanza de la interacción público-privada y 4) transparencia y control ciudadano.
El trabajo brinda un conjunto de recomendaciones o claves, entre ellas: el uso (pero no el abuso) de protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones, el fortalecimiento de las instancias de auditoría y fiscalización, el desarrollo de las capacidades de investigación y administración de justicia. Asimismo destaca la necesidad de que el Estado proporcione información de calidad y que garantice el acceso y efectividad de los canales de reclamo.
Además de la “XI Encuesta Nacional anual sobre percepciones de corrupción”[xii], Proética publicó seis trabajos sobre temas de corrupción, en el 2019, entre ellos destaca “Lava Jato Perú”[xiii], una investigación realizada conjuntamente con la Fundacion Vortex[xiv]. Dicho trabajo aplicó un análisis de redes criminales – desarrollado por Vortex- a la información registrada en documentos oficiales de Perú y Brasil disponibles a diciembre del 2018 y en los medios de comunicación para determinar los alcances de la estructura de corrupción generada.
Es evidente –y se recoge en las reflexiones finales – que tanto en Perú como en Brasil, los sobornos y contratos públicos obtenidos por un conjunto de empresas constructoras incluyó la participación de partidos y movimientos políticos con el propósito de garantizar la permanencia del esquema de macro corrupción, en el mediano plazo.
En la actual era del Big Data es casi imposible que el Estado sea ajeno, debido a la creciente información que viene acumulando sobre los servidores públicos[xv] y la posibilidad de conocer las diversas vinculaciones o relaciones con empresas, con el fin de anticipar posibles conflictos de interés. En ese sentido, las Secretarias de Gobierno Digital y de Integridad Pública[xvi] organizaron la primera “Datatón por la Integridad”, en diciembre del 2019.
El equipo ganador fue el proyecto “Intereses 360” elaborado por un grupo de expertos en manejo de datos liderado por Jordan Rodríguez. Se trata de una plataforma virtual de gestión de conflictos de interés que, a través de la aplicación de Inteligencia Artificial (AI), permitirá tener una amplia visión del trabajador público al transparentar sus relaciones y encontrar patrones. La plataforma permitirá al público usuario la posibilidad de incorporar información de redes sociales, de tal manera que mejore los gráficos didácticos que se obtendrán a partir de combinar la información disponible.
[i] Un trabajo presentado en la reunión anual del CIES, en noviembre del 2018.
[ii] Un trabajo presentado en la reunión anual de CIES, en noviembre del 2019.
[iii] Yohnny Campana dijo que la CGR demoró casi dos años en proporcionar la información requerida (las acciones de control de las municipalidades).
[iv] Basadas en la teoría de grafos (graph theory y teoría de juegos). Así como modelos de redes (Erdös-Rényi, Watts-Strogatz, Barabási-Albert, Cont-Tanimura).
[v] https://www.uarm.edu.pe/FondoEditorial/etica-desarrollo/el-circulo-de-la-corrupcion-en-los-gobiernos-regionales#.XihQkjJKjIU
[vi] https://clers.up.edu.pe/blog/lanzan-libro-sobre-soborno-en-empresas-de-latinoamerica-capitulo-de-peru-realizado-por-up/.
[vii] La Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas es realizada cada dos años por la Universidad Externado de Colombia y la Corporación Transparencia por Colombia desde el 2008.
[viii] Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.
[ix] Se escogió a las empresas que estaban registradas en la Sunat.
[x] La CAF hizo encuestas en las ciudades: Bogotá, San Pablo, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Montevideo, Caracas, Quito y La Paz.
[xi] https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1503.
[xii] https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/
[xiii] https://www.proetica.org.pe/noticias/vortex-y-proetica-publican-estudio-que-reconstruye-la-estructura-del-caso-lava-jato-en-peru/
[xiv] Vortex es una organización dedicada al estudio social de redes criminales internacionales y ha recreado la estructura del caso Lava Jato en Brasil, así como distintas estructuras criminales en México, Centroamérica y Colombia
[xv] La información disponible sobre las declaraciones juradas de intereses ya ha sido revisada y limpiada.