Casuística de la política anticorrupción del gobierno de Vizcarra

La renuncia del gabinete presidido por Vicente Zeballos es el desenlace de un conjunto de desaciertos ministeriales registrados y acumulados desde octubre del 2019, y que se han convertido en pruebas para la política anticorrupción de la administración Vizcarra, en un contexto en que han aumentado las medidas e instrumentos de prevención del modelo de Integridad que impulsa la Secretaria de Integridad Pública.

Es normal  que en el desarrollo de sus funciones, los funcionarios del Estado elaboren estrategias para enfrentar los problemas de sus sectores y en donde no se descartan reuniones con aquellos que pretenden litigar con el Estado. Sin embargo, el artículo 16 del D.Leg 1415 (13/09/18) que modifica la Ley 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la Administración Pública, establece que los ministros de Estado (y otros altos funcionarios) debe informar en las agendas que tienen en los portales de los ministerios los detalles de las personas con quienes se reúnen en sus despachos.

La reunión del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) con los representantes de Odebrecht, el 9 de enero, no precisa en su agenda de visitas la empresa a la cual pertenecían los altos ejecutivos de la constructora y que hubiera permitido conocer un detalle importante de la cita. La reunión tramitada por el ex procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, era de conocimiento de su jefa, la renunciante Ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, y por cierto, de la Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y del Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

La sensibilidad que existe alrededor del caso Odebrecht no amerita discusión y por el contrario implica que todos los actores del Estado con alguna responsabilidad, en el principal megacaso de corrupción empresarial de las últimas décadas, deben mostrar la transparencia exigida por las normas aprobadas por la administración Vizcarra, con el fin de evitar cualquier suspicacia alrededor del manejo y/o la defensa de los intereses del Estado.

En ese contexto era razonable el tránsito dado por la saliente ministra Revilla y de otros que conocían las movidas de la constructora brasileña. No ha sido así y más bien se aprovechó para realizar otros dos cambios en el gabinete Zeballos. La salida de Flor Pablo del ministerio de Educación no está vinculada a controversias sobre la política de Integridad del gobierno, sino más bien a la necesidad de obtener mejores resultados de la gestión en este sector estratégico del país.

En cambio, la renuncia de Elmer Trujillo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones tomó por sorpresa, en la medida que se trata de uno de los colaboradores más cercanos del Jefe de Estado. Aquí habría pesado los efectos que tendrá la reapertura de la investigación fiscal del caso del hospital de Moquegua, en el corto y mediano plazo, y que muy probablemente también será de interés de los integrantes de la Comisión de Fiscalización del nuevo Congreso, como el ex contralor, Edgar Alarcón.

De otro lado, las renuncias de Juan Carlos Liu Yonsen (10/02/20) al (Minem), y anteriormente la Zulema Tomas Gonzáles (16/11/19) al ministerio de Salud (Minsa) y de Jorge Meléndez (28/10/19) al ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social (Midis) son casos relacionados con conflictos de interés y/o actividades cuestionables que al ser puestos a la luz de la opinión pública afectan la imagen de la administración Vizcarra.

A la luz de lo ocurrido con estos tres ex altos funcionarios del Estado, es evidente que el barrido de la historia profesional, judicial y tributaria de los candidatos a ministros de Estado que hacen los asesores palaciegos no fue el adecuado. Y es que no parece haber costumbre de realizar algunas preguntas impertinentes a personalidades seleccionadas para asumir una cartera ministerial, en la eventualidad que el análisis de riesgos anticipe una alta probabilidad de cuestionamientos futuros.

Ello es corroborado por un ex ministro de la administración Vizcarra, quien afirma que en la entrevista que sostuvo con el Presidente de la República, para tratar la cartera ministerial que iba a ocupar, hubo mucho respeto y un alturado intercambio opiniones sobre asuntos del país y de los temas de interés ministerial. “En ningún momento hubo alguna insinuación a indagar sobre un asunto personal particular”, dice el ex ministro.

Desde la óptica de la transparencia que se pretende aumentar en el sector público, a través del DS 138-2019-PCM  (28/07/19) que creó la obligatoriedad de presentar la Declaración Jurada de Intereses (DJI) para los altos funcionarios del Estado con capacidad de decisión y que vía el DU 020-2019 (05/12/19) se amplió a todo el sector público, se confía en la potencia de esta herramienta preventiva para detectar eventuales conflictos de interés.

El caso Liu ocurrió en el ministerio con mayor avance en la implementación de políticas de Integridad. En efecto, en diciembre del 2019, el ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que había culminado con éxito la ampliación de su Sistema de Gestión Antisoborno y que ello le permitía cubrir sus (75) procesos y (26) oficinas con la certificación internacional ISO 37001 o ISO Antisoborno.

Existen otros ministerios se encuentran implementando políticas de Integridad y en algunos casos también están transitando hacia la certificación del ISO Antisoborno; sin embargo, el único que completó el 100% de sus procesos es el Minem. Ese logro es compartido por los 5 titulares que ha tenido hasta el momento el Minem, quienes continuaron la idea iniciada por Gonzalo Tamayo (Jul 2016-Jul 2017) y que Liu simplemente la culminó a mediados de diciembre.

Para un ex titular del Minem, Liu no cometió infracción alguna, en la medida en que la norma (de las DJI) precisa que se debe proporcionar la información requerida con 5 años de antigüedad; mientras que la asesoría de Liu a Odebrecht ocurrió hace 7 a 8 años. “En todo caso si hay un responsable de ello ese es la Secretaria General del ministerio; porque es la encargada de llenar los datos”, precisó. En efecto, la Secretaria General asiste y asesora al Ministro en materia de sistemas administrativos y se encarga de supervisar la actualización permanente del portal de transparencia.

Para el ex titular del Minem consultado, el error de Liu si fue no haber consignado explícitamente, en el libro de visitas, la reunión con los gerentes de Odebrecht; aunque esa labor nuevamente está en manos de la Secretaria General. Además considerando la posibilidad de que iba a cruzarse en algún momento con representantes de Odebrecht, tal vez hubiera sido preferible que Liu alertara al Presidente Vizcarra de la asesoría dada a la constructora en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano.

El caso de la ex ministra Tomas es mas simple. No consignó en su DJI que tenía una hermana trabajando en Sedapal, una ingenuidad o una negligencia sin duda; pero que se sumó a otros traspiés dados por esta ex funcionaria durante su primer mes al mando del Minsa, en particular el intercambio de nombramientos en puestos de confianza en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y en la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), una entidad adscrita al Minsa.

Por un lado, Rossana Medina, pareja sentimental del jefe de la Sunarp, Manuel Boza, fue nombrada (11/10/19) como intendenta de la Intendencia de Promoción de Derechos en Salud de Susalud (Resolución N° 142-2019-SUSALUD/S), y por otro, el esposo de Tomas, Miguel Palomino Paz, fue nombrado (25/10/19) coordinador de Gestión de la Sunarp (Resolución N° 211-2019-SUNARP/SN), un cargo al cual tuvo que renunciar (28/10/19) al estallar el escándalo, en los medios de comunicación.

El corto (25 días) y controvertido paso del ex congresista Jorge Meléndez por el Midis en octubre del 2019 genera suspicacias de los protocolos anticorrupción seguidos para nombrar, a veces, a un alto funcionario del Estado. Ello debido a que los asesores palaciegos no detectaron que Palmas de Huallaga, la empresa donde Meléndez fue gerente general (2011-2016) estaba involucrada en la tala ilegal, en zonas protegidas, de la región San Martín (“Hildebrandt en sus trece” 25/10/19) y que a principios del 2019 había sido sancionada por ello.

Por ese tiempo, Meléndez también fue nombrado en audios de traficantes de madera ilegal que operan en Loreto como presunto facilitador en el Congreso (disuelto), en la estrategia para evitar o dilatar la fiscalización maderera en Loreto. No menos importante fue la denuncia sobre las gestiones realizadas en el Congreso por Meléndez para la contratación de la madre de su hijo, como auxiliar en la Comisión de Ética.

En conclusión, Juan Carlos Liu y Jorge Meléndez cumplieron con la formalidad de informar en sus respectivas DJI las empresas donde laboraron, las consultorías realizadas, la participación accionaria, los mandatos y poderes recibidos, entre otros. Lo que no detalló Lui fue los clientes a los cuales la empresa de su propiedad (Cosanac SAC) brindo asesorías y que, según expertos del sector, cubriría el gran espectro energético (entre ellos Odebrecht) dada su reconocida solvencia profesional en la materia.

En el caso de Jorge Meléndez no hicieron el cruce con la información judicial; aunque en ello habría pesado que su nombramiento se trató de la devolución de un favor político dada la cerrada defensa de la administración Vizcarra que realizó en el Congreso disuelto. El caso de Zulema Tomas fue la negligencia de no incluir información clave en su DJI y de realizar un intercambio de favores que por su naturaleza fácilmente iba a llegar a los medios de comunicación.

La salida de Revilla obedece a la falta de transparencia en el manejo de las reuniones con los funcionarios de Odebrecht, una situación similar también recae en Liu. El paso al costado de Trujillo obedece a la necesidad de preparar su estrategia de defensa en un presunto caso de corrupción que iba a distraerlo en los próximos tiempos; mientras que la renuncia de Pablo es la única no vinculada a asuntos de Integridad, por lo menos de lo que se conoce.