La lucha anticorrupción en el Perú en el 2019 (III)

El tránsito de un país con una alta percepción de corrupción, como la que actualmente tiene el Perú, a una deseable situación de baja percepción, exige no sólo el esfuerzo del sector público, sino también del sector privado. Así no basta que el Estado apruebe nuevas reglas anticorrupción o perfeccione las vigentes para controlar los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos; sino que las empresas de distinto tamaño acompañen ese esfuerzo implementando programas y/o medidas de prevención.

¿Cuánto avance en materia anticorrupción se ha dado a nivel de las empresas en el 2019?, es una interrogante que en principio nos lleva al marco legal vigente que establece que existen empresas obligadas a implementar un modelo de Cumplimiento y por lo tanto sujetas a una supervisión; mientras que en otras la implementación es una decisión voluntaria.

La ley 27693 (12/04/02) y sus modificatorias creó el modelo de Cumplimiento que aplican obligatoriamente las empresas financieras en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). El modelo en forma progresiva ha sido ampliado a diversas empresas que realizan operaciones con alto riesgo de LA/FT⁽¹⁾ y hasta estudios de abogados⁽²⁾. La supervisión del cumplimiento corre a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera y el análisis de este modelo lo dejaremos para una próxima entrega.

Por su parte, la Ley 30424 (21/04/16), “Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas” y su reglamento, DS 002-2019-JUS (10/01/19), creó el modelo de Cumplimiento⁽³⁾ para las empresas no financieras y su aplicación es voluntaria; aunque en la investigación de un caso de corrupción contar con este modelo le servirá a la empresa como un elemento a su favor. En efecto, a solicitud del fiscal, la Sociedad de Mercado de Valores (SMV) emitirá un informe técnico señalando si la empresa implementó un sistema anticorrupción, por lo que ésta puede liberarse de responsabilidad.

El modelo sugerido por la Ley 30424 toma elementos del ISO 19600⁽⁴⁾ y está relacionado con la forma de manejo/control de los riesgos de corrupción que enfrenta una empresa; aunque en los tiempos actuales de búsqueda de certificación de los procesos, como un aval de mostrar buenas prácticas, un creciente número de empresas muestran interés por la certificación dada por el ISO 37001 o denominado ISO Antisoborno.

Las grandes constructoras, la mayoría de ellas involucradas en los casos “Lava Jato” y “Club de la Construcción”, han avanzado en la implementación de programas de Cumplimiento ISO 19600 y para tal efecto no han escamoteado recursos. Ese no es el caso de las medianas o pequeñas constructoras golpeadas por las circunstancias adversas y a las cuales el ISO 37001 de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) puede servirles de referencia ante la rigidez de los bancos.

Capeco es uno de los gremios que más ha avanzado en la implementación de medidas preventivas y en ese sentido esperan alcanzar la certificación del ISO 37001⁽⁵⁾, en marzo del 2020. Al respecto, hay programadas una auditoria interna del modelo implementado en febrero y otra externa en marzo, y si no se presentaran inconvenientes se harán acreedores de un certificado anticorrupción reconocido internacionalmente.

El gremio constructor que, actualmente ofrece un canal de denuncias en su portal institucional al cual puede acceder no sólo sus afiliados sino el público en general con las reservas del caso, también ha expulsado de esa institución a todas las empresas involucradas en los dos grandes casos de corrupción⁽⁶⁾; aunque las constructoras brasileñas se anticiparon y fueron las primeras en partir.

Otro gremio que destaca por su labor en materia de Integridad es la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y, a través de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción, organiza cada año una diversidad de seminarios y conferencias sobre Cumplimiento en donde reúne a expertos nacionales y extranjeros para debatir los aspectos críticos de la implementación de programas de Cumplimiento, así como las dudas y/o mejoras en la legislación anticorrupción, entre otros.

La mencionada Comisión, en alianza con World Compliance Association de España, ofrece a los asociados de la CCL un diagnóstico gratuito del nivel de cumplimiento que tienen con respecto a lo establecido por Ley 30424⁽⁷⁾. La iniciativa de la CCL busca orientar a las empresas, capacitarlas y acompañarlos en una eventual decisión de certificación del sistema anticorrupción de las empresas asociadas.

En la Sociedad Nacional de Industrias también han optado por organizar cursos y charlas sobre sistemas anticorrupción para sus asociados. En la industria mineroenergética, las grandes empresas destacan la política de Integridad que impulsan sus matrices en todas sus subsidiarias, así como su membresía a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), que busca reducir varios aspectos negativos como la corrupción.

Otros gremios asociados a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) han actualizado sus códigos de conducta dando relevancia a la Integridad en el desarrollo de sus actividades y anticipando a los asociados la posibilidad de retirarlos ante el involucramiento en casos de corrupción.

La sensibilidad del sector construcción a la corrupción ha sido advertida por diversos estudios⁽⁸⁾ y los escándalos protagonizados por empresas de gran reputación condujeron a realizar cambios nunca antes vistos. En Cosapi, Walter Piazza de la Jara y Fernando Valdez Torero, ambos hijos de los fundadores de la constructora y quienes conducían la empresa desde la década pasada optaron por retirarse (Gestión 22/12/19). También se renovó el directorio, se designó a directores independientes y llevaron a la presidencia a Eduardo Torres Liosa, gerente general del BBVA hasta junio del 2019.

Graña y Montero ya había iniciado un programa de prevención en el 2015, el mismo que tuvo que ser sometido a una significativa reorganización, a partir del 2017, en paralelo a los problemas legales enfrentados por sus antiguos directivos líderes. Además se ha empoderado la labor del Oficial de Cumplimiento, Fernando Dyer, dentro de la constructora; mientras se decide el cambio de nombre de la empresa, entre otros cambios estructurales.

De otro lado, es relevante mencionar lo que realizan voluntariamente las empresas que forman parte de Empresarios por la Integridad (E x I), un asociación impulsada por Oscar Espinoza, presidente de Ferreyros, desde la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) del 2017, con el propósito de fomentar la cultura de Integridad. Se trata de una iniciativa surgida del sector privado en el marco de la segunda ola anticorrupción que vive el país.

La idea de pasar de los gestos a la acción motivó a Espinoza a anunciar la adopción de un compromiso firme y verificable por parte de los miembros de E x I, en CADE 2018. Ello se materializaría en el programa “Cero soborno” que las empresas alcanzarían a través de la certificación ISO 37001.

Tres empresas del grupo Sandoval: Aeropuertos del Perú, Talma y Dinet, que formaron el plan piloto para obtener la certificación ISO37001, alcanzaron ese objetivo en julio del 2019, después de someterse a los estrictos requisitos exigidos. Y, de inmediato, el experimento se replicó en 10 empresas más⁽⁹⁾, por lo que, a fines de noviembre del 2019, un total de 13 de empresas de 50 que suscribieron el compromiso de E x I contaban con la certificación Antisoborno; mientras que otras 29 empresas (de 13 sectores distintos) se encontraban en proceso de certificación.

En E x I se precisa que la iniciativa trata de “un esfuerzo por desterrar la práctica del pago a autoridades y funcionarios públicos o privados, para obtener ventajas en procesos de calificación y otorgamiento de contratos, ampliaciones innecesarias de presupuestos, obtención ilegal de documentos y otros actos ilícitos realizados en la práctica empresarial local”⁽¹⁰⁾.

Se desconoce cuántas empresas han implementado modelos de prevención voluntaria, ya que ello implica el compromiso de la alta dirección (que en medianas empresas está concentrada en los propietarios), que muchas veces está acostumbrada a una toma decisiones sin muchas cortapisas, y también exige destinar presupuestos a un propósito que no genera ganancias en el corto plazo⁽¹¹⁾, en un contexto en que las empresas enfrentan un entorno económico menos dinámico.

Una encuesta de Ipsos hecha a los asistentes de CADE 2019 indicó que el 91% consideraba importante establecer formalmente una política anticorrupción y que un 68% ya contaba con una política, algo que de ser cierto sería loable; aunque no verificable. Además es conocido que la CADE no representa a toda la realidad empresarial del país. A setiembre del 2019, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática⁽¹²⁾, habían 2.6 millones de empresas; y sólo entre las medianas y grandes empresas⁽¹³⁾superaban las 14,000⁽¹⁴⁾.

El país necesita construir una cultura de Integridad para dejar atrás la negativa percepción que existe sobre la corrupción, la misma que incide negativamente en la competitividad y en los negocios. En ese sentido, la aplicación de políticas y/o medidas anticorrupción por un mayor número de actores en el universo empresarial o al menos comenzar por informarse sobre estas materias representa un paso adelante, de allí la destacada labor que con ese objetivo desarrollan diversas asociaciones empresariales (E x I) y gremios como Capeco, CCL y la SNI.

(1)  Inmobiliarias, constructoras, compra venta de vehículos, notarias, abogados y estudios de abogados, casinos y tragamonedas, casas de cambio, loterías, entre otras más.
(2)  Según la UIF, a octubre del 2019, existían 24 estudios de abogados registrados como sujetos obligados y de los cuales 18 contaban con un Oficial de Cumplimiento aprobado.
(3)  Inicialmente se refería al delito de cohecho activo trasnacional en el marco del compromiso que el Perú buscaba para ser incorporado a la OCDE. Posteriormente se ha ampliado a más delitos: colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
(4)  Según International Dynamic Advisors (Intedya), ISO 19600 es un guía de referencia internacionalmente aceptada, para organizaciones de cualquier tipo, para una implementación, mantenimiento y evaluación eficaz de un Sistema de Gestión del COMPLIANCE (cumplimiento), con el objetivo de dotarla de herramientas basadas en la mejores prácticas internacionales y basado en la mejora continua en materia de Cumplimiento Legal, Transparencia, Ética corporativa y Buen Gobierno.
(5)  ISO es la sigla del International Standard Organization o la Organización Internacional de Normalización, que es un organismo dedicado a establecer normas internacionales. La validez la dan los más de 90 países asociados que participan en los debates para alcanzará un estándar, entre los cuales se encuentra el Perú.
(6)  De las 32 empresas involucradas en los dos grandes casos de corrupción, 6 constructoras brasileñas renunciaron a su membresía. De las 26 restantes, 23 constructoras fueron invitadas a retirarse y existen 3 que fueron mencionadas por los colaboradores eficaces; pero los fiscales del Equipo Especial no cuentan con elementos para iniciarles una investigación.
(7)  http://www.worldcomplianceassociation.com/172/ccl-nivel-compliance-programa-de-cumplimiento-anticorrupcion-requisitos-peru.html#submenuhome
(8)  https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/sector-construccion-necesita-mas-transparencia-combatir-la-corrupcion/
(9)  AFP Integra, Calidda, Ferreyros, Poderosa, Saga Falabella, Banco Santander, Sodexo, Telefónica Inmobiliaria Koricancha, UPC.
(10)  https://www.empresariosporlaintegridad.pe/que-es-la-certificacion-antisoborno/.
(11)  La ejecutiva de un banco con experiencia en auditoria sostiene que el costo puede ir de US$10 mil a US$30 mil, dependiendo del prestigio del consultor y las particularidades de cada empresa. El monto se incrementará al incluir la implementación.
(12)  Demografía Empresarial en el Perú, III Trimestre 2019, INEI.
(13)  Según la Sunat, una gran y/o mediana empresa es aquella que registra ventas superiores a 1700 UIT, es decir S/ 7.1 millones.
(14)  A diciembre del 2017, existían 13,898 medianas y grandes empresas, según Perú: Estructura Empresarial,2017, INEI.