El buen lobby

Un locutor de radio se queja  de que CEOS de empresas visiten a la Presidente, especulando sobre lo que tales reuniones pueden significar en materia de tráfico de influencias o gestión de privilegios. Irresponsablemente equipara dichos encuentros, formales y abiertos, con los evidentes casos de corrupción cometidos en Sarratea o en el propio Palacio , respecto de temas ocultos, intenciones indebidas y métodos oscuros.  Es imperativo que todos los actores de la economía y la política seamos conscientes de lo inevitable, necesario y saludable que resulta gestionar intereses ante las autoridades que adoptan políticas, definen marcos regulatorios y adoptan (o dejan de hacerlo) decisiones gravitantes para sus empresas y el impacto que causan. Lo que diferencia el buen lobby de su distorsión- el tráfico de influencias- es la publicidad y transparencia de las reuniones, el sometimiento al escrutinio público y la solidez de los argumentos legales, técnicos, sociales y económicos que se usan.

Seamos francos, el lobby es necesario y usual, solo se trata de hacerlo bien.

Toda empresa y organización necesita interactuar positivamente con las autoridades que adoptan decisiones que afectan su competitividad y sus operaciones. Tal impacto puede provenir de leyes, reglamentos, ordenanzas o cualquier tipo de norma, o de licitaciones, contrataciones, definición de políticas, etc.  Si las empresas, que son “dolientes” de dichas decisiones, están ausentes de la discusión, análisis y génesis de las mismas, es obvio que se verán afectadas por el previsible marco e influencia que prevalecerá: el de competidores, rivales, analistas que no viven necesariamente la realidad de la actividad económica,  opinólogos disfrazados o no de causas sociales, consumidores , etc.

El buen lobby debe permitir la discusión abierta y pública de argumentos técnicos, sociales, económicos, legales y políticos, de tal manera que las decisiones públicas que demandan un nivel de discrecionalidad, sean el sano producto de un arbitrio de ideas, conceptos y realidades, con sustento y basadas en evidencias comprobables y públicas.