El lobbying profesional versus sus versiones informales o ilegales

El lobbying profesional versus sus versiones informales o ilegales

Felipe Gutiérrez, CEO Concertum

Gestionar los intereses de la empresa u organización que representas ante las autoridades públicas que adoptan decisiones que afectan dichos intereses, es una necesidad y una obligación, para la supervivencia, operación y desarrollo de la misma. Bien sea ante la municipalidad donde operan tus locales o ante el Ministerio que rige y dicta el marco normativo de tu sector o administra la concesión que te otorgaron o el ente regulador o la Comisión Parlamentaria que se interesa en tu actividad, es inimaginable que no te ocupes de ese relacionamiento.

La diferencia entre ocuparte profesional y legítimamente o hacerlo de manera informal o al margen de la buena gobernanza empresarial o, incluso, de la ley, es la misma que entre el cielo y la tierra. El mismo celo con el que el CEO o la Gerencia General delegan las funciones operativas, logísticas, marketeras, comerciales, financieras y otras, a los profesionales más capacitados y mejor equipados técnica y moralmente, deben tenerlo, y con mucho mayor razón, cuando de lobbying se trata. En esta última, están en juego la supervivencia, operatividad y rentabilidad de tu empresa, así como su reputación y sostenibilidad legal.

El relacionamiento con las mencionadas autoridades, requiere ciertamente de un conocimiento suficiente de las normas legales aplicables pero también y con mucho énfasis, de las reglas de la política y de sus elementos característicos. En buena cuenta, los profesionales a cargo del lobbying deben manejarse expertamente tanto en el mundo privado como en el público, de tal manera de guiar adecuadamente el referido relacionamiento, con la suficiente cuota argumental y conocimiento y tino políticos.

Si analizamos los casos de torpeza o fracaso en el relacionamiento entre empresas y autoridades, encontraremos desde agentes inexpertos y desconocedores de las reglas de representación legítima de intereses privados hasta actos claros de tráfico de influencias, demanda de privilegios evidentes e injustificados y casos de corrupción.

Aspiremos a un relacionamiento profesional, sano y promotor de la economía de mercado abierta y competitiva y del estado de derecho a cabalidad.