Ni agua ni petróleo
Ni agua ni petróleo
Felipe Gutiérrez, CEO Concertum
Si las telecomunicaciones y la energía eléctrica siguieran en manos de empresas públicas, sus niveles serían los mismos que los del agua y el saneamiento. Es decir, pésimos. No haber privatizado Sedapal en Lima ni sus equivalentes en provincias, ha condenado a los sufridísimos ciudadanos a no contar con un servicio mínimamente exigible en el Siglo 21 y sin embargo, los defensores de mantener dichos servicios en manos públicas niegan la realidad y se embarcan en “razones” y supuestos argumentos tan alambicados como absurdos. No existe estudio, estadística ni análisis serios que soporten el actual estado de cosas. Tanto el bajo nivel de cobertura como la pobre calidad del servicio demuestran a cabalidad lo insostenible que resulta mantener este status quo.
Si pasamos al caso del petróleo, la realidad también es pasmosa. Petro Perú es un modelo mundial de incompetencia, ineficiencia y dilapidación de recursos. La interminable aventura del proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, viene costando más de 6 mil millones de dólares, para “lograr” una performance de refinación que perpetúa la pésima decisión adoptada cuando se decidió llevarla a cabo. Su producto estrella será un combustible de nivel Euro IV, obsoleto para los estándares actuales, en el marco de una actividad que no se justifica para los estándares actuales de la industria. Comparativamente, el costo de este malhadado proyecto es OCHO veces el que invirtió Repsol en la Refinería La Pampilla, sin que en el caso de la empresa estatal española se hayan batido récords de eficiencia.
Es tiempo que en el Perú se entierren los falaces argumentos de “empresas estratégicas” y de esquemas ideologizados contrarios a la razón y a la evidencia. Es inmoral que en un país con limitados recursos, se promuevan y ejecuten proyectos en los que no se consideran los parámetros mínimos que cualquier empresa privada está obligada a cumplir.
Agua sí, pero con niveles de eficiencia y productividad en un marco de libre competencia en favor de los usuarios. Petróleo, también, pero en manos privadas que no ponen en riesgo el erario nacional.