Hacemos lobbying?

Hacemos lobbying ?

Felipe Gutiérrez, CEO Concertum

No es difícil establecer si los titulares de licencias para construcción de viviendas “de interés social” otorgadas al amparo de normas dictadas por el Ejecutivo, que vienen siendo desconocidas por varias municipalidades distritales, tienen que hacer lobbying- gestión de intereses para la ley peruana- para salvar sus negocios ?, y la minera aurífera Poderosa ante el arrasamiento del estado de derecho por parte de bandas de crimen organizado que roban material de sus yacimientos, explotan ilegalmente recursos y llegan al asesinato de trabajadores formales inocentes, también ?. Y qué decir de las múltiples empresas de diverso tamaño que ven clausurados “ temporalmente” sus locales por supuestas faltas administrativas no contempladas en la ley o, cuando menos, que no han sido debidamente comprobadas y, menos, sometidas a un debido proceso en el que se escuche al administrado antes de ejecutar decisiones radicales ? La enumeración es lamentablemente muy larga y demuestra que las empresas en el Perú o hacen gestión de sus intereses ante las autoridades que adoptan (o dejan de hacerlo cuando están obligadas)  decisiones que las afectan o simplemente pueden estar condenadas al cierre o a una disminución severa de ingresos y utilidades. Lamentablemente, las autoridades tienen y/o se adjudican, niveles de discrecionalidad que llegan a la arbitrariedad afectando severamente el clima de negocios y ello trasciende el marco puramente legal y la posibilidad de predecir escenarios competitivos racionalmente. Tener buenos abogados y cumplir con las normas no es en absoluto suficiente si queremos desarrollar empresas formales en el país, porque las normas no se cumplen o se cumplen tarde, mal y nunca. Es imprescindible invocar argumentos técnicos, económicos, sociales y políticos para evitar marcos normativos asfixiantes o aplicaciones arbitrarias. Es necesario acompañar los esfuerzos de un trabajo afinado y preciso con los medios, tradicionales y digitales. Se requiere articular las gestiones con una labor de relaciones públicas asertivas y holísticas, en las que se involucre a todos los “dolientes” de los intereses que legítimamente se defiende. Y hay que hacerlo con la verdad y de manera transparente. Eso diferencia la gestión de intereses sana y legítima de sus alternativas irregulares: el tráfico de influencias, las prebendas y privilegios y la corrupción abierta.

No llamemos lobbying a su versión perversa, a las gestiones oscuras de un asesor del Ministerio Público, al tráfico de prebendas, a las maniobras para designar autoridades ad-hoc o para desviar fondos públicos o para crear privilegios, todos los cuales tienen en común la clandestinidad y el uso de presiones y contraprestaciones indebidas.