Estándares privados para servicios al público

Estándares privados para servicios al público

Felipe Gutiérrez/CEO Concertum

Recibir el servicio de educación, atender una necesidad de salud, refinar petróleo, comprar úrea, recibir una pensión, colocarse una vacuna, viajar, alojarse en un establecimiento, abastecerse, recibir servicios para la aero-navegación y un infinito etcétera,  son actividades humanas que ningún ser racional preferiría satisfacerlas a través de un servidor público o empresa estatal versus su alternativa de hacerlo a través de un agente privado en un mercado libre de abierta competencia. La comparación de estándares no admite duda, incluso si consideramos la misma inversión o gasto para cada caso. Cualquier hospital público entregado en concesión para su administración privada, logra mejorar los índices de satisfacción de servicio, abastecimiento de medicinas y reducción de siniestros evitables en un plazo muy breve. El gasto dedicado a solventar la educación pública de cualquier niño encuentra un mucho mejor destino en su equivalente privada. A ningún agricultor le resulta complejo adquirir algo tan básico como la úrea si cuenta con los recursos para hacerlo. La refinería de Talara tiene los peores estándares de gestión y de ratios de inversión versus resultados de los que se lleva registro en la industria petrolera. A ningún servicio aeroportuario le pasarían los eventos funestos que le ocurren a Córpac.

El común denominador de lo comentado es que la gestión privada que se desenvuelve en un ambiente de sana y abierta competencia, está obligada a servir adecuadamente a sus clientes o usuarios. De lo contrario, sus competidores los desplazan inexorablemente y las empresas incapaces de alcanzar los estándares necesarios quiebran o desaparecen, lo que no ocurre con las empresas públicas, ministerios o dependencias estatales.

El éxito económico de las empresas que sirven bien a sus mercados se expresa en la recaudación de los impuestos que permiten la financiación de los presupuestos públicos de salud, educación, seguridad e infraestructura que deben igualar oportunidades para los menos favorecidos. Pero si se dedican a ser desperdiciados, malgastados y dedicados a sostener servicios públicos ineficientes, generan la pérdida de oportunidades para los ciudadanos, frustrando su necesaria incorporación al circuito virtuoso de la sociedad.

Es hora de evaluar que la privatización es una acción de justicia social. Desterremos el discurso falseador de las ideologías equivocadas y reclamemos el derecho de los ciudadanos de poder integrarse en igualdad de condiciones.