La necesidad urgente de reformar el primer nivel de atención de salud en el Perú

La pandemia de la covid-19 dejó huellas imborrables que deben traducirse en acciones previsoras. Hoy nuestro país viene siendo afectado por una carga de enfermedad no transmisible constituida principalmente por enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Además, el cambio climático trae consigo otras epidemias severas, como lo muestra el actual azote del dengue. ¿Qué medida es efectiva para enfrentar estos retos tan heterogéneos? Una acción transversal, eficiente y efectiva es contar con un primer nivel de atención con capacidad resolutiva articulado a las redes integradas de salud.

De acuerdo al último boletín de Susalud (febrero 2024), 7 de cada 10 peruanos están afiliados al Seguro Integral de Salud; es decir, en teoría hacen uso de los establecimiento públicos a nivel nacional. Sin embargo, ¿qué capacidades tienes estos centros y postas de salud? La respuesta puede resultar conocida, pero vista en cifras se traduce en que 98% tiene capacidad instalada inadecuada: infraestructura precaria y equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente (MEF, 2023). Solo el 55% dispone de medicamentos esenciales por encima del 80% (a enero del 2024), y la brecha de recursos humanos supera los 50,00 profesionales de la salud. En consecuencia, las familias deben usar sus recursos para pagar y acceder a servicios de salud, lo que se traduce en un gasto de bolsillo 32% mayor en el 2022 respecto al nivel prepandemia del 2019.

En ese contexto, nos parece un acierto la publicación del documento de trabajo “Fortalecimiento del primer nivel de cuidado de la salud 2024/2027 en el marco de las redes integradas de salud”, cuya segunda versión fue difundida en febrero del 2024 por el Ministerio de Salud. En sus primeras líneas, afirma que “el fortalecimiento del primer nivel de atención es la primera prioridad del Ministerio de Salud, y una proposición de valor para los ciudadanos y usuarios de los servicios de salud”.

Hoy, Videnza contribuye a este debate con un conjunto de informes que sustentan una intervención efectiva en las zonas urbanas del país, donde residen más del 80% de peruanos. Proponemos organizar la oferta en el primer nivel de atención fortaleciendo selectivamente a determinadas instituciones prestadoras de servicios de salud de categoría I-3[1] e incluso I-4[2] ubicadas en zonas seleccionadas estratégicamente para que se comporten como puertas de entrada con capacidad resolutiva ampliada (PECRA). Es decir, que concentran recursos —médicos, otros profesionales de la salud, tecnología, insumos— para resolver la demanda de servicios de la población asignada a ellas.

Esta propuesta recoge la buena experiencia de las Unidades Básicas de Atención Primaria de Salud (UBAPS) de EsSalud, que operaban bajo la modalidad de pago capitado con un monto variable sujeto al logro de resultados sanitarios. Bajo esta modalidad, las UBAPS lograron triplicar las horas médicas programadas respecto de otros centros de salud del primer nivel de EsSalud y con una mayor cantidad de profesionales de salud.

La aplicación de este modelo en los centros de salud públicos se puede sustentar retomando el modelo de cogestión en salud para fortalecer la gobernanza en nuestras comunidades. Concretamente, la Ley 29124, “Ley que establece la cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las regiones”. Esta promueve la coparticipación y el manejo de recursos locales, junto a una adecuada rendición de cuentas y la búsqueda de resultados sanitarios acordados entre los ciudadanos y las autoridades locales y regionales de salud.

Complementariamente, fundamentamos la necesidad del concurso de un actor privado competente para dotar de factores de producción: equipamiento, recursos humanos, productos farmacéuticos, mejoras a infraestructura, tecnologías de información. Se busca evitar, en lo posible, la carga administrativa que hoy satura los escasos tiempos del personal de salud. Este nuevo actor debe también dedicarse al monitoreo de la labor de los profesionales de la salud, reportando sus avances o dificultades para el logro de las metas acordadas con la comunidad y comprometidas a las autoridades regionales. Este ciclo virtuoso Estado – comunidad – aporte privado permitiría que los centros de salud puedan cumplir con su misión de proteger la salud de las personas.

En cualquier escenario, es importante abrir el debate con participación ciudadana y tomar las mejores decisiones, realizando los ajustes necesarios al marco normativo vigente. La única contraindicación es no repetir fórmulas erradas o hacer más de lo mismo, claramente insuficiente en estos tiempos de apremio.