Planilla estatal: ¿Motor de desarrollo o malgasto público?

En las últimas semanas, a raíz de un informe desarrollado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), se ha venido discutiendo el importante incremento registrado en los gastos de personal en la administración pública. En efecto, en el último quinquenio, el gasto en la planilla del Estado se incrementó en S/ 21,000 millones (31.7%): pasó de S/ 67,000 millones en 2019 a S/ 88,000 millones en 2023. Más de la mitad de este incremento (59%) corresponde a la partida “Personal y obligaciones sociales”, mientras que las otras partidas que considera ese gasto son servicios profesionales y técnicos, locación de servicios relacionados al rol de la entidad, y contrato administrativo de servicios.

A pesar de este significativo incremento en el gasto en planilla, en ese mismo periodo (2019-2023) se observa un deterioro en la aprobación de la gestión de los tres niveles de gobierno. De hecho, según el INEI, la aprobación ciudadana hacia el Gobierno nacional se redujo drásticamente de 45.8% a 13.6% (ver Gráfico 1). Lo mismo sucedió con los Gobiernos regionales y locales, aunque en menor magnitud. En palabras simples: se gastó S/ 21,000 millones más y se generó mayor insatisfacción en los tres niveles de gobierno.

Esta insatisfacción creciente tiene que ver con la mala prestación de los servicios básicos a los que cualquier hogar debería acceder y con la percepción de la población sobre la calidad de estos. Un hogar peruano, por ejemplo, tiene una probabilidad del 50% de no acceder a un paquete de servicios básicos que incluya agua, saneamiento, electricidad, telefonía móvil e internet (Videnza Instituto, 2023). Esta carencia es aún más pronunciada en regiones como Puno o Loreto, donde la probabilidad de no acceso se eleva al 80%. Por otro lado, según el Barómetro de las Américas (LAPOP, 2023), alrededor del 66% de la población está insatisfecha o muy insatisfecha con el estado de las carreteras, el 59.5% con la calidad de las escuelas públicas y el 65.8% con los servicios de salud públicos.

Uno de los ejemplos más impactantes de esta relación negativa entre mayor gasto y menor calidad de los servicios a la población se observa en la Contraloría General de la República (CGR). Entre 2019 y 2023, su planilla pasó de S/ 547 millones a S/ 912 millones. Llama la atención que, por ejemplo, solo entre 2021 y 2023 (tres años), su gasto por locación de servicios se multiplicó por 5: pasó de S/ 17 millones a S/ 85 millones. La mayor cantidad de personal ha estado justificada principalmente para financiar acciones de control concurrente que fueron potenciadas con la finalidad de disminuir la corrupción. No obstante, según la misma CGR, el perjuicio económico que la corrupción genera al país se mantuvo prácticamente inamovible en ese mismo periodo: pasó de S/ 24,262 millones en 2021 a S/ 24,268 millones en 2023. Claramente, los esfuerzos de incrementar la cantidad de personal han sido insignificantes para el objetivo de disminuir prácticas corruptas.

Es urgente que el Estado se enfoque en profesionalizar la gestión pública y establecer la carrera meritocrática para combatir la ineficiencia en el gasto público y la corrupción. La evidencia demuestra que un servicio civil profesionalizado genera mejoras en la entrega de servicios (Lira, 2012), la confianza en el Gobierno (Sacks, 2010) y la ejecución del gasto de inversión (Servir, 2014).

Mientras se mantenga la percepción de que el Estado es una fuente de empleo y beneficios para amigos y allegados de quienes están en el Gobierno, seguiremos lamentando el mal uso de los recursos públicos.

Realizado por: Milton von Hesse y Daniela Leguía, director y analista de Videnza Consultores, respectivamente