Calidad y no cantidad: los peligros que trae consigo la creación indiscriminada de universidades públicas

A mediados de diciembre, el Congreso de la República aprobó (con 50 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones) la creación de 21 universidades nacionales en 15 regiones del país (Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali). Esta medida fue presentada como parte de un dictamen de la Comisión de Educación, pero que no tuvo la opinión favorable de otros actores estatales como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación o el Consejo Nacional de Educación. 

Los impulsores de esta iniciativa señalaron que se busca “la mejora de la calidad educativa y acortar las brechas de acceso a la educación superior en diversas regiones del país”, pero ello está lejos de la realidad. ¿La razón? No hay garantías de que los nuevos centros de enseñanza superior cumplan con adecuados estándares académicos debido a limitaciones en los recursos que se les asignen, tanto en términos de presupuesto como de talento humano, entre otros factores, que garanticen su sostenibilidad. Asimismo, hay que recordar que actualmente no todas las universidades públicas licenciadas cumplen con los estándares requeridos para lograr las condiciones básicas de calidad. Si el Estado no ha sido capaz de asegurar que sus aproximadamente 50 universidades públicas compartan un mismo estándar de calidad, ¿qué hace pensar que se logrará ello con 21 instituciones extra?

Lejos de caer en rótulos hacia la decisión del Congreso, comparto los siguientes puntos de reflexión que dan cuenta de los peligros que trae consigo la creación de más universidades públicas:

• Más instituciones educativas, mayor presupuesto. ¿Se dispone de él? El establecimiento de nuevas universidades públicas demanda una considerable inversión inicial y un compromiso económico constante para su funcionamiento, evolución y expansión. Sin un incremento correspondiente en el presupuesto total, el establecimiento de más instituciones educativas solo provocará una disminución de los recursos existentes, lo que provocará un efecto adverso en la calidad de la educación. Esto puede devenir en infraestructuras inadecuadas, equipos escasos y bibliotecas poco modernizadas en los nuevos establecimientos de educación superior.
• Una de las más grandes problemáticas que enfrentan las instituciones educativas públicas es la saturación de espacios en sus centros de estudio, lo que disminuye la excelencia de la enseñanza y el aprendizaje. El establecimiento de más instituciones universitarias no solucionará el problema de la capacidad y la cantidad de plazas disponibles. Se corre el peligro de replicar los mismos inconvenientes en las nuevas instituciones, perpetuando así un ciclo de ausencia de atención individualizada para los alumnos.
• No todas las instituciones de educación pública proporcionan la misma excelencia académica. La financiación y administración de ciertos centros educativos pueden ser más ventajosas que otros, lo que evidenciaría grandes diferencias en la calidad de la educación universitaria. Sin un plan robusto para asegurar estándares de calidad homogéneos, la fundación de nuevas universidades podría intensificar estas inequidades, dejando a ciertos alumnos con una educación deficiente en comparación con sus compañeros en otras instituciones a escala nacional e internacional.

Actores como IPAE o el Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior han advertido los problemas de esta creación indiscriminada de universidades públicas y han planteado soluciones para facilitar el acceso a una educación superior de excelencia en diversas regiones del país a través de una evaluación exhaustiva y técnica para la creación de nuevas filiales de universidades públicas ya autorizadas a nivel nacional; robustecer el presupuesto de las universidades públicas regionales más emblemáticas o conceder becas completas que consideren vivienda y alimentación a los alumnos de zonas remotas, dando prioridad a la educación superior técnica.

En líneas generales, resulta necesario que la población, el sector empresarial y la misma academia se sumen a este llamado a la reflexión al Estado peruano para que dé marcha atrás con la creación indiscriminada de universidades. Lo más alarmante es que esta acción va en contra del “Pacto Social por la Educación”, convocado por el Gobierno y suscrito por el mismo Congreso, cuyo objetivo es promover la educación superior tecnológica por encima de la universitaria, debido a su mayor demanda y necesidad a nivel nacional. Cantidad no significa calidad y este tipo de decisiones no vela por una mejora en la educación y en la empleabilidad de las próximas generaciones de peruanos, que enfrentarán un mercado laboral aún más competitivo.