No + AFP (ni privada ni estatal)

Es el nombre de la gran organización que marchó el pasado 21 de agosto a favor de un mejor sistema de pensiones en Chile. Fueron casi un millón y medio de personas. El movimiento tiene la conciencia de que al llegar a la vejez su nivel de vida se deteriorará sustancialmente afectando en mayor medida a las mujeres. Están en contra del oligopólico y poco competitivo sistema de AFP que ha permitido concentrar capital y poder político, orientar recursos hacia empresas que vulneran los derechos de los trabajadores y del ambiente; y que han captado (o capturado) a numerosas personalidades del mundo político y de las autoridades del gobierno (http://www.nomasafp.cl/inicio/).

Este primero de setiembre se reunieron con la presidenta de Chile proponiéndole lo siguiente:

• Eliminar el sistema actual de AFP y sustituirlo por un sistema de reparto con una proporción por determinar de las cotizaciones actuales. Con base a estos recursos se pueden mejorar significativamente las pensiones actuales sin estigmatizar a los pobres como en el sistema vigente.
• Crear una institución pública autónoma, similar al Banco Central, para la gestión del fondo colectivo sobre la base de la capitalización colectiva. Esta instititución sería sin fines de lucro, transparente, con control y participación ciudadana; además de las auditorías independientes y de la Contraloría General de la República.
• Los fondos acumulados actuales de los trabajadores servirían para financiar el componente autofinanciado de las pensiones.
• Se deberán llevar a cabo estudios actuariales periodicos para evaluar la sostenibilidad del sistema.

Se trata de una propuesta interesante que tiene elementos positivos y algunos negativos que habría que considerar. Sin embargo, es claro que la discusión sobre el tema de las pensiones es más avanzado en Chile que en el Perú.  Es importante señalar que esta se aproxima a la opción C incorporada en el Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones publicado en setiembre de 2015 (http://www.comision-pensiones.cl/).

Este documento fue el resultado del aporte de 25 expertos nacionales e internacionales convocados desde abril de 2014. Tiene 245 páginas, incluyendo propuestas y recomendaciones específicas aprobadas por la mayoría de sus miembros y tres propuestas globales: A, B y C apoyadas por 12, 11 y un experto. Todas son interesantes y muchas revolucionarias respecto de lo que se plantea y discute en nuestro país. Quizás por esa razón el documento no ha sido difundido aquí por los poderes mediáticos. Entre las principales recomendaciones específicas se señala:

• Aumentar la cobertura del sistema de pensiones solidarias a al menos el 80% de la población. Aquí la nueva titular del MIDIS acaba de señalar que Pensión 65 llegó a su máximo de cobertura.
• Establecer una nueva cotización previsional a cargo del empleador del 4% y una fracción de esta se destinará a un fondo solidario. Aquí los empresarios y el gobierno no son amigos de la solidaridad.
• Mantener la obligatoriedad de cotización para los trabajadores independientes adecuando su gradualidad.
• Elevar las multas a los empleadores que descuentan y no traspasan las cotizaciones de los trabajadores.
• Establecer un subsidio al empleo de personas mayores (60 años o más).
• Permitir que una mayor proporción de inversión se realice en activos reales (activos alternativos y fondos de inversión).
• Desarrollar instrumentos nuevos de inversión nacional productiva, especialmente aquellos que puedan beneficiar a la mediana y pequeña empresa.
• Crear una AFP estatal que compita con las mismas reglas que el resto de las AFP.
• Eliminar el cálculo de tablas de mortalidad diferenciadas por sexo.
• Establecer que la partición de los fondos de pensiones en caso de divorcio, al ser consideradas por un juez, sea en partes iguales.
• Incentivar la creación de Centros de día para las personas mayores, personas con ciertos grados de dependencia (por definir) y en situación de discapacidad.
• Adecuar la institucionalidad previsional, promover la participación social y la educación previsional.
• Reducir la incertidumbre en los montos de pensiones (entre estas eliminar la modalidad de pensión de retiro programado y modernizar la regulación de las aseguradoras).

Por otra parte, las propuestas globales presentadas en el informe son relevantes. Por ejemplo, en el caso de la opción C, parecida a la propuesta del movimiento ciudadano No + AFP pero que tuvo sólo un voto a favor de los expertos implicaría que los beneficios de las pensiones se eleven – si todo lo recibido se reparte- entre 75% y 100%. Las tasas de contribución no se aumentarían hasta el año 2035, y luego se incrementarían a 25%. No se requiere de impuestos adicionales; (…) como se pone fin a los subsidios directos e indirectos, se genera una ahorro fiscal anual del orden de 1.8% del PIB (p.106).  Sin embargo, en esta propuesta se transfieren todos los recursos propiedad de los trabajadores al sistema de reparto, la propuesta requiere un abrupto incremento de las cotizaciones cuando la reserva es exhausta y se duda de su sostenibilidad financiera (p.108).

La opción A que mantiene las bases actuales del sistema de pensiones con base de las AFP considera:

• Fortalecimiento del sistema solidario.
• Eliminar diferencias por sexo.
• Promover mayor competencia entre las AFP.
• Una nueva cotización del empleador de 2% de las remuneraciones y de o.2% del PIB provenientes de impuestos del gobierno.
• Establece una AFP estatal.

Finalmente, la opción B es la que más nos agrada de las propuestas planteadas en Chile. Esta por cierto tiene mucho parecido a la planteada por el Frente Amplio con antecedentes en el documento de La Gran Transformación (2011). Esta opción incluye:

• Mejora de la pensión no contributiva aplicable para el 80% de la población.
• El nuevo seguro social se financiaría con la aportación de los trabajadores (10% de sus ingresos con los topes respectivos),  5% a cargo de los empleadores y 5% a cargo del Estado (p.103).
• Se establece un componente contributivo que separa los aportes en dos modalidades. Los que están por debajo de un umbral de ingreso y los que están por encima del mismo.
• El monto por debajo del umbral se depositaría en un fondo de capitalización solidaria y colectiva.
• Los recursos que se generasen por encima del umbral se mantendrían en el esquema de capitalización individual.
• Se crearían dos nuevas instituciones. Una encargada de afiliar y recaudar las cotizaciones de los ciudadanos, empleadores y del Estado y la otra encargada de administrar el Fondo Colectivo de Pensiones.

Con este esquema un trabajador que nunca cotizó recibría una pensión mínima de subsistencia (dentro del 80% de la población de menores ingresos); si cotizó a lo largo del tiempo una pensión superior en monto derivada de un fondo de capitalización colectiva y si es de altos ingresos recibiría como adicional a esta renta básica colectiva otra adicional de conformidad a los rendimientos y capital determinado a partir de sus aportaciones históricas.

Queda pendiente en el caso peruano la integración con el sistema de pensiones públicas (ONP) para lo cual se requiere primero transparentar todas las deudas históricas del sector público; establecer los candados y reglas de buen gobierno corporativo para garantizar el manejo eficaz y eficiente de la nueva(s) institución(es) pública(s). Asimismo, incorporar mecanismos de participación y control ciudadano, por encima de los internos, de la auditoría externa y de la Contraloría General de la República. También sería positivo que todas las instituciones financieras autorizadas pudieran operar los fondos relativos al umbral de altos ingresos y a las aportaciones voluntarias (no sólo las AFP). Finalmente, habría que evaluar que las aportaciones de los empleadores se establezca como un porcentaje de sus ventas (no del monto de las remuneraciones que pueden desincentivar contrataciones) y que la parte correspondiente del Estado se financie a partir de una proporción de lo colectado como impuestos selectivos al consumo (ISC).

5-9-2016.