Sabotaje fallido contra Petroperú

Durante las dos últimas semanas circularon muchos comentarios negativos en contra del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). Fue una campaña que se inició con el Pdte. del BCRP seguida por algunos académicos. El mismo día lunes 12 de junio en que se realizaba la colocación internacional de bonos por US$ 2,000 millones para el proyecto, se difundió una nueva calificación sobre Petroperú por parte de una empresa calificadora de riesgos propiedad de la mayor empresa consultora privada local (una insignificante reducción de AA+ a AA-) y siguió con una intimidante nota de prensa de la Contraloría General de la República (CGR), amplificadas por los poderes económicos y mediáticos de siempre. Para buena suerte de todos, los inversionistas internacionales no les hicieron mucho caso. La colocación fue exitosa pero poco difundida. Sin embargo, es probable que la campaña en contra continúe. Hay que estar prevenidos.

Los primeros dardos envenenados fueron del titular del BCRP. Afirmó que este proyecto no va a reactivar la demanda interna, lo cual es obvio por su elevado contenido importado. Cuestionó su rentabilidad financiera sin tener la información necesaria, simplemente especuló sobre el tema. La generación de valor agregado interno, la seguridad energética y la casi nula probabilidad de que bajen los precios de los combustibles en caso que se importen totalmente están fuera de su paradigma. El BCRP debería prestar toda su atención a las funciones que tiene establecidas por ley.

En la misma línea, los académicos repitieron argumentos como la inutilidad del proyecto debido a la reducida producción de petróleo crudo en la selva. Se olvidaron de las numerosas evidencias internacionales que los contradicen relativa a que muchos países sin petróleo lo refinan a partir de crudo importado (Japón o Chile son algunos ejemplos), de cómo opera la industria y de su naturaleza integrada (al menos se debe producir y refinar al mismo tiempo ya que hay subsidios cruzados entre ambas actividades). Se olvidaron que el procesamiento de petróleo crudo pesado genera unos márgenes de refinación más elevados. Sin embargo, coincidimos con ellos en los graves “descuidos” que han elevado la inversión total del PMRT y la ligereza con que se manejan actualmente las cifras. Todo el proyecto tenía un presupuesto total de US$ 3,500 millones (US$ 2,730 millones a cargo del fisco y US$ 750 millones a cargo de inversionistas privados en instalaciones auxiliares) más obviamente sus intereses pre operativos.

La nota de prensa de la CGR se hizo, al parecer, para espantar a los inversionistas internacionales y a los funcionarios públicos locales. En esta se señaló que el informe previo ya se emitió desde el 31 de mayo de 2017, pero que no fue factible verificar la inversión integral que requiere el proyecto (¿?). Asimismo, que la empresa no cumplió con presentar el escenario financiero que considere la mayor inversión y no hay pronunciamiento alguno sobre las comisiones que por la operación de colocación tendría que pagar Petroperú.

La CGR se extralimitó en sus funciones. Efectivamente el inciso I del artículo 22 de la Ley 27785 señala que debe informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado que comprometa su crédito o capacidad financiera sean estas operaciones internas o con el exterior, incluyendo a las empresas estatales. Sin embargo, el reglamento asociado a ese inciso precisa en su primer artículo que dicho informe previo tiene por propósito cautelar que dichas operaciones cuenten con la documentación sustentatoria respectiva y las opiniones favorables de las unidades orgánicas o entidades competentes en los aspectos técnicos, financieros y legales que correspondan. Erróneamente la CGR se asignó funciones en cuanto al análisis de los aspectos financieros y técnicos del proyecto que no le corresponde. No nos asustemos.