Carta de intención suicida

Las noticias sobre Ecuador son preocupantes. Las protestas sociales han escalado como resultado de la implantación de medidas económicas a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); en particular la subida del diésel y los despidos en el sector público. La sede del gobierno se trasladó de Quito a Guayaquil por el desborde ciudadano. Hacía mucho tiempo que no se veían protestas de esa magnitud. La revisión de las estadísticas económicas oficiales de ese país, de la Carta de intención y del Memorando de políticas económicas y financieras contienen muchas sorpresas. De partida el acuerdo parece innecesario e incorpora elementos inadecuados, que se suponían ya superados.

Al revisar la información estadística llama la atención que la inflación en 2018 fue negativa en 0.2%, luego de una tasa positiva del 0.4% en 2017. No hay necesidad de estabilización alguna. Tampoco las finanzas públicas tienen un serio problema ya que el déficit global fue apenas del 1.2% del PBI en 2018, reflejando un gran esfuerzo interno al haberlo reducido desde 4.5% del PBI en 2017. Sólo como ejemplo hay que recordar que el Estatuto de la Unión Europea admite para sus socios un déficit de hasta 3% del producto. Por otra parte, la balanza en cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un desequilibrio del 1.3% del PBI en 2018. Con estos números no se entiende el por qué establecer un acuerdo con el FMI. ¿Asunto ideológico? o ¿reducir exclusivamente la prima de riesgo país para bajar los pagos por intereses de la deuda privada y pública?

La carta de intención establece cuatro objetivos, el primero de ellos insólito: reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización. Las autoridades ecuatorianas están seriamente confundidas. La dolarización es un medio, un instrumento, no un fin en sí mismo. Coincido que por el momento se tiene que quedar, pero no para convertirse en el objetivo central de la política económica. ¿Reforzar el sistema de dolarización? Por otra parte, esta es contradictoria con los otros objetivos como el de mayor competitividad en una economía que ahora se abre más a las importaciones del exterior.

Tradicionalmente los acuerdos de política con el FMI incorporan los niveles máximos de expansión del crédito interno del Banco Central de Reserva para evitar la caída de las reservas internacionales. En el documento actual se establece un extraño nivel mínimo trimestral de crecimiento de las reservas internacionales (un total de US$ 10,335 millones en 2019). Este monto sería equivalente a todo el financiamiento externo que recibiría del FMI y de los organismos financieros internacionales. ¿Endeudarse para acumular reservas internacionales? Una economía dolarizada no requiere de reservas internacionales, si el gobierno es austero, ya que el límite al desequilibrio estaría determinado por la capacidad de endeudamiento del sector privado. Se plantea como meta reducir el endeudamiento del sector público como porcentaje del PBI, pero ¿reducir niveles de endeudamiento endeudándote más?

No está mal que en los documentos del acuerdo se establezca un nivel mínimo de gastos de asistencia social del gobierno o que se fijen diversos candados en contra de la corrupción y a favor de la transparencia como que los estados financieros de las empresas públicas sean auditados. Tampoco es equivocado fusionar las dos empresas petroleras estatales, incorporarse a la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas y establecer reglas para el manejo fiscal. No es errado, en la actual coyuntura, disponer que el banco central no podría realizar préstamo alguno al gobierno central o a las empresas públicas. Sin embargo, de ahí a plantear como objetivos secundarios la reducción de la inversión pública, reducir los impuestos directos para sustituirlos por los indirectos, reducir el rol del planeamiento para aumentar poderes al Ministerio de Economía y Finanzas son los refritos equivocados de siempre. Asimismo, suena cínico utilizar el argumento de la igualdad de género para desregular el mercado laboral ya que al parecer podría beneficiar más a las mujeres que a los hombres.

El memorando contiene los mismos lugares comunes de siempre como modificar tasas de interés para promover más ahorro e inversión, cuando es la inversión la que genera el ahorro y esta última se contrae cuando la economía entra en recesión. Se propone privatizaciones, concesiones y más asociaciones público privados cuando no se tiene experiencia para ello. Más apertura comercial y financiera externa reduciendo el impuesto a la salida de divisas (¿cuándo se está en crisis?). Por último, acudir al crecimiento de los precios de los hidrocarburos no solo es peligroso socialmente, sino que es un tema donde el gobierno debe ser muy cuidadoso, más aún cuando el país tiene una ventaja comparativa en dichos bienes. La regla del precio interno basado en el costo de oportunidad internacional es válida en economías importadoras, no en las exportadoras. En fin, este acuerdo coloca al gobierno ecuatoriano al borde del precipicio.