El autoritarismo estadounidense, ¿qué viene después del colapso democrático?
Es el título del artículo de Steven Levitsky y Lucan A. Way donde se describen los daños y peligros para la democracia norteamericana del segundo gobierno de Trump. Este fue publicado por Foreign Affairs el 11 de febrero de 2025. Se trata de una mirada desde la esfera política donde se destaca la implantación de un modelo pernicioso de autoritarismo competitivo, más allá de los serios impactos económicos sobre la economía norteamericana y el mundo; sobre la justicia, la paz y derechos humanos a nivel global. Hay también importantes enseñanzas para el Perú.
El primero de los autores es profesor de Estudios Latinoamericanos y Gobierno en la Universidad de Harvard. Es muy conocido en nuestro país por sus continuas visitas y haber acuñado la idea del Consenso de Lima, más ortodoxo que el de Washington. El segundo es Profesor Distinguido de Democracia en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto.
Apatía peligrosa
Los autores inician señalando que la primera elección de Trump en 2016 desencadenó una enérgica defensa de la democracia por parte del establishment estadounidense, pero su regreso al cargo ha sido recibido con una indiferencia sorprendente. Muchos de los políticos, expertos, figuras de los medios y líderes empresariales que lo consideraban una amenaza para la democracia hace ocho años ahora consideran que esas preocupaciones son exageradas.
El momento de este cambio de actitud no podría ser peor- afirman los autores-, ya que la democracia está hoy en mayor peligro que en cualquier otro momento de la historia moderna. EE.UU lleva una década retrocediendo (entre 2014 y 2021) en el índice anual de libertad global de Freedom House. Trump violó la regla cardinal de la democracia cuando intentó anular los resultados de una elección y bloquear la transferencia pacífica del poder. Asimismo, llevó a cabo una campaña abiertamente autoritaria en 2024, prometiendo enjuiciar a sus rivales, castigar a los medios críticos y desplegar al ejército para reprimir las protestas. Ganó y, gracias a una decisión de la Corte Suprema, disfrutará de una amplia inmunidad presidencial durante su segundo mandato.
La democracia sobrevivió a su primer mandato de Trump porque no tenía experiencia, ni plan, ni equipo, ni controlaba el Partido Republicano cuando asumió en 2017. Ahora ha dejado en claro que pretende gobernar con sus leales. La democracia estadounidense probablemente colapsará durante el segundo gobierno de Trump, en el sentido de que dejará de cumplir los criterios estándar de la democracia liberal: sufragio universal pleno, elecciones libres y justas y amplia protección de las libertades civiles.
Autoritarismo competitivo
El colapso de la democracia en EE.UU, anotan Levitsky y Way, no dará lugar a una dictadura clásica en la que las elecciones sean una farsa y la oposición sea encarcelada, exiliada o asesinada. Trump se verá limitado por la independencia de los jueces, el federalismo, el ejército profesionalizado del país y las altas barreras a la reforma constitucional. Lo que se espera no es una dictadura fascista o de partido único, sino un autoritarismo competitivo, un sistema en el que los partidos compiten en las elecciones, pero el abuso de poder del gobernante inclina el campo de juego en contra de la oposición. Ejemplos de estos son el Perú de Fujimori, la Venezuela de Maduro y los actuales de El Salvador, Hungría, India, Túnez y Turquía.
En el autoritarismo competitivo, la arquitectura formal de la democracia, incluidas las elecciones multipartidistas, permanece intacta. Las fuerzas de oposición son legales y están en la superficie, y compiten seriamente por el poder. Pero el sistema no es democrático, porque los gobernantes manipulan el juego desplegando la maquinaria del gobierno para atacar a los oponentes y cooptar a los críticos. La competencia es real pero desleal.
El costo de la oposición pública aumentará considerablemente: los donantes del Partido Demócrata pueden ser objeto de la mira de la autoridad recaudadora (IRS); las empresas que financian a grupos de derechos civiles pueden enfrentar un mayor escrutinio fiscal y legal o ver obstaculizadas sus iniciativas por los reguladores (como lamentablemente se pretende en el Perú con las ONGs). Los medios de comunicación críticos probablemente enfrentarán costosas demandas por difamación u otras acciones legales, así como políticas de represalia. Los estadounidenses aún podrán oponerse al gobierno, pero esta será más difícil y riesgosa, lo que llevará a muchas élites y ciudadanos a decidir que la lucha no vale la pena. Sin embargo, no resistir podría allanar el camino para el atrincheramiento autoritario, con consecuencias graves y duraderas para la democracia global.
Abusos posibles
Levitsky y Way anotan que en el segundo gobierno de Trump se pueden violar las libertades civiles básicas de maneras que subviertan la democracia. El presidente, por ejemplo, podría ordenar al ejército que disparara contra los manifestantes, como supuestamente quiso hacer durante su primer mandato. O que su política de deportación masiva podría conducir a la detención por error de miles de ciudadanos estadounidenses. Asimismo, gran parte del autoritarismo futuro adoptará una forma menos visible: la politización y el uso de la burocracia gubernamental como arma. Esta autoridad tiene numerosas oportunidades para que los líderes recompensen a los aliados y castiguen a los oponentes.
En cambio, todas las democracias establecidas tienen conjuntos de leyes y reglas elaboradas para impedir que el Estado se convierta en un arma, entre ellas, un sistema judicial independiente, bancos centrales y autoridades electorales, y servidores públicos con protección laboral a partir de un sistema público profesionalizado creado desde 1883 en el que la contratación se basa en el mérito y donde los funcionarios públicos profesionales suelen desempeñar un papel en la resistencia a los intentos de convertirlos en armas contra los opositores.
Ya Trump está debilitando al servicio civil al establecer una orden ejecutiva que permite eximir a decenas de miles de empleados públicos de sus protecciones al empleo al considerarlos de carácter confidencial, de formulación o promoción de políticas. Estos cambios podrían tener un efecto amedrentador más amplio en todo el gobierno, disuadiendo a los funcionarios públicos de cuestionar al presidente.
Persecución selectiva
Los autores señalan que el medio más visible para convertir al Estado en un arma es la persecución selectiva. Todos los gobiernos autocráticos despliegan ministerios de justicia, fiscalías públicas, agencias tributarias y de inteligencia para investigar y procesar a políticos rivales, medios de comunicación, editores, periodistas, líderes empresariales, universidades y otros críticos. En las dictaduras tradicionales, los críticos suelen ser acusados de delitos como sedición, traición o conspiración, pero los autócratas contemporáneos tienden a procesar a los críticos por delitos más mundanos, como corrupción, evasión fiscal, difamación e incluso violaciones menores de la ley.
Trump ha declarado en repetidas ocasiones su intención de procesar a los rivales. Como el gobierno no controlará los tribunales, la mayoría de los objetivos de un procesamiento selectivo no terminarán en prisión, pero el gobierno no necesita encarcelar a sus críticos para hacerles daño al obligarlos a dedicar tiempo, energía y recursos considerables a defenderse. Por otra parte, los esfuerzos de Trump para utilizar a las agencias gubernamentales para hostigar a sus supuestos adversarios no se limitarán al Departamento de Justicia y al FBI; sino a las autoridades fiscales y tributarias, al Departamento de Educación contra las universidades. Lanzar unos pocos ataques de alto perfil puede servir como un disuasivo eficaz.
Recompensas particulares
Levitsky y Way anotan que los gobiernos autoritarios competitivos utilizan las decisiones de política económica y regulatorias para recompensar a individuos, empresas y organizaciones políticamente afines. Si el sector empresarial cree que estas decisiones se toman sobre bases políticas y no técnicas, tienen un fuerte incentivo para alinearse con los gobernantes en el poder. El potencial de cooptación es más claro con este sector.
Las grandes empresas estadounidenses tienen mucho en juego en las decisiones antimonopolio, arancelarias y regulatorias y en la adjudicación de contratos. Para los aspirantes a autócratas, las decisiones políticas y regulatorias pueden servir como poderosos incentivos para atraer el apoyo empresarial, con consecuencias en el largo plazo apoyando solo a los candidatos pro-gobierno. De hecho, según los autores, el comportamiento de los líderes empresariales y de las comunicaciones ya está cambiando.
Protección antidemocrática
Por último, los autores anotan que el Estado puede servir como escudo legal para proteger a funcionarios gubernamentales o aliados que incurran en conductas antidemocráticas. Un Departamento de Justicia leal, por ejemplo, podría hacer la vista gorda ante actos de violencia política a favor de Trump, como ataques o amenazas contra periodistas, funcionarios electorales, políticos y activistas de la oposición. También podría negarse a investigar a los partidarios de Trump por intentos de intimidar a los votantes o incluso manipular resultados electorales.
El indulto de Trump a casi todos los insurrectos del Capitolio ha enviado el mensaje de que los actores violentos o antidemocráticos estarán protegidos bajo su administración. Esas señales alientan el extremismo violento, lo que significa que, durante el segundo mandato de Trump, los críticos del gobierno y los periodistas independientes casi con certeza enfrentarán amenazas más frecuentes e incluso ataques directos. Los gobiernos no necesitan encarcelar a sus críticos para silenciar el disenso, anotan Levitsky y Way.
La salida
Según los autores, las democracias requieren una oposición sólida, y esta debe poder recurrir a un grupo grande y renovado de políticos, activistas, abogados, expertos, donantes y periodistas. Desafortunadamente los gobiernos crean un problema de acción colectiva ya que provocan que los actores individuales se retiren a los márgenes o se autocensuren, la oposición social se debilita, el entorno mediático se vuelve menos crítico y la presión sobre el gobierno autoritario disminuye.
EE.UU. está al borde de un autoritarismo competitivo. La administración Trump ya ha comenzado a utilizar las instituciones estatales como armas y a utilizarlas contra sus oponentes. La Constitución por sí sola no puede salvar la democracia. El limitado apoyo público de su administración y sus inevitables errores crearán oportunidades para las fuerzas democráticas, en el Congreso, en los tribunales y en las urnas. Pero la oposición sólo puede ganar si se mantiene en el juego. La oposición en un autoritarismo competitivo puede ser agotadora. Cuando el miedo, el agotamiento o la resignación desplazan el compromiso de los ciudadanos con la democracia, el autoritarismo emergente comienza a echar raíces finalizan Levitsky y Way.
Colofón
Desafortunadamente, lo planteado aquí se aplica también en nuestro país, por la presión de la mayoría del Congreso aliado a un Poder Ejecutivo débil. Sin embargo, a diferencia de los estadounidenses solo nos queda construir una oposición ciudadana sólida y aprovechar los reducidos espacios institucionales que aún tenemos disponibles. No nos dejemos avasallar.