¿Invertirían en una ciudad violenta?

A propósito del caso Tía María es importante recordar que la reputación de las ciudades se construye tal como las empresas construyen marca, aunque pareciera uno de los indicadores que menos interesa a ciertas autoridades que no actúan contra la violencia y en algunos casos incluso la fomentan, sin reparar que está probado que una reputación negativa aleja la inversión. 

Hace unos días revisaba con algunos socios un proyecto de inversión ubicado cerca de una de las principales ciudades del país, al ver los  detalles encontramos que los gastos de viajes y remuneración de personal eran mucho mayores que negocios similares en otras ciudades peruanas.

Al preguntar las razones, las repuestas fueron, que dada la violencia y mafias que reinan hace mucho en la ciudad no era conveniente instalar las oficinas allí, así que habría que viajar semanalmente y que muchos ejecutivos exigían un ingreso mayor por localizarse en dicha ciudad.

Si revisamos todo los aspectos negativos alrededor de la violencia encontramos que existe un aumento importante den los costos de producción debido a los gastos en seguridad privada, el mayor pago de primas de seguros, los pagos por extorsión o todos los costos relativos a sistemas de protección pasiva.

La violencia no sólo daña la infraestructura privada sino también la infraestructura pública, por ejemplo la continua toma de carreteras afecta las venas del flujo comercial, la corrupción que siempre va acompañada de violencia acarrea un deterioro de la seguridad jurídica y, como consecuencia, un incremento de los costos de transacción.

Incluso la educación se afecta, muchos jóvenes o adolescentes buscan en las actividades delictivas una fuente de ingreso que hace “innecesaria” la formación académica, ya que las actividades ilícitas tienen un rápido retorno y consiguiente satisfacción económica.

Hay varias simulaciones con base estadística que validan estas hipótesis, “Violence And Growth In Latin America” (Gimenez), “Prosperity and Violence. The Political Economy of Development” (Bates), “Crime as a social cost of poverty and inequality: a review focusing on developing countries” (Bourguignon), entre otros correlacionan que  la violencia representada en la tasa de homicidios tiene un efecto negativo en el nivel de inversión.

En nuestro país la tasa anual de homicidios, que es el índice aceptado mundialmente para evaluar el grado de inseguridad ciudadana, se ubicó para el 2013 en 6.6 homicidios  por cada 100 mil habitantes, siendo las ciudades con peor índice, Barranca con un índice de 36.2, seguida por Trujillo (25.0), Tumbes (24.8), Chimbote (22.1), Pisco (12.2), Chincha Alta (12.1), San Vicente de Cañete (9.6), entre otras.

Alguna de las ciudades mencionadas lamentablemente en esta clasificación, vienen arrastrando hace muchos años una deficiente reputación como ciudad, sin que sus autoridades hayan tomada acciones eficientes al respecto, mientras las inversiones se alejan, dejan de llegar u obligan a tasas de retorno mayores que otras ciudades, restándoles competitividad.

La pregunta es simple, ¿Invertirían en una ciudad violenta?