POPULISMO Y POLITICA AGRARIA RETRO vs. COMPETITIVIDAD

Al inicio de la década de los 90, en el Perú se produce uno de los mayores ajustes estructurales de nuestra historia económica moderna. Se sientan las bases para tener una economía sólida, en un contexto de mayor apertura a los mercados internacionales y con un marco jurídico estable que fomenta la inversión privada y promueve el desarrollo de los mercados. A nadie le cabe duda de que, aún con sus problemas de equidad, el modelo de economía de mercado ha traído más beneficios que perjuicios en general. Los niveles de pobreza, no solo en el Perú sino en muchos países en el mundo que aplican este modelo, se han reducido significativamente respecto a otros momentos pre capitalistas.

Todo este marco introductorio nos permite un aterrizaje más ilustrativo en lo que ha sido la aplicación de políticas públicas en el agro nacional en los últimos 28 años. Hemos pasado de la Reforma Agraria de los 70, que marco un ultra intervencionismo del Estado, a políticas más de vanguardia, donde el Estado potencia la iniciativa privada brindando bienes y servicios públicos agrarios de calidad.

Recordemos que, en los años de dictadura militar, el enfoque de políticas agrarias tendientes a crear empresas públicas, a fortalecer el proteccionismo arancelario y a otorgar subsidios indiscriminados, fue la marca de bandera. Prácticamente, el Estado debía proveer de todo y si era gratis mejor. Está incluida la inversión pública en gran infraestructura de riego, que luego derivó en una asignación de las tierras irrigadas bajo premisas más político-sociales que de racionalidad económica.

Durante el gobierno fujimorista se empezó a plantear la necesidad de abrir mercados, de abandonar políticas proteccionistas, de empezar a fortalecer servicios públicos agrarios a fin de apuntalar el esfuerzo privado para conquistar mercados externos. No olvidemos que, en dicho periodo, las exportaciones agrarias no superaban los US$ 300 millones.

Posteriormente, a inicios de los años 2000, con la llegada del gobierno de Alejandro Toledo, se construye e implementa un set de políticas agrarias que aún perdura, con algunos ajustes recientes y que ha sido la causa de los resultados positivos que ha logrado el sector agrario hasta la fecha. La tendencia intervencionista se ha ido reduciendo y se ha dado paso, a través de los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, a un sector que provee mejores servicios agrarios y que propone el uso de subsidios a la inversión, en mayor medida, tanto en infraestructura como en capital de riesgo para promover negocios agrarios.

Sin embargo, a pesar de los cambios estructurales que mencionamos anteriormente, el Estado se ha visto tentado por presiones políticas y sociales a ejecutar programas de intervención asistencialistas. Tal es el caso de la entrega de tractores, semovientes, fondos rotatorios en dinero, semillas, pajillas inseminadoras, entre otros insumos. Dicho sea, de paso, estos tractores y semovientes, en muchos casos, fueron a parar a manos de simpatizantes del gobierno de turno. En el caso de los fondos rotatorios, estos dejaron de rotar, convirtiéndose en fondos perdidos en su mayoría.

Asimismo, se llevaron a cabo programas de compra de productos como arroz y fibra de alpaca, entre los que más recursos tuvieron. Para nadie es un secreto que lo que empezó como una medida “bien intencionada” para regular precios en mercados donde había sobreproducción y supuesto abuso de posición de dominio, respectivamente, terminó siendo un desastre económico para el Estado. Los almacenes del Ministerio de Agricultura estaban abarrotados de productos que no reunían los estándares de calidad que el mercado demandaba y terminaron echándose a perder.

Teniendo en cuenta este modelo y sus historias que no son tan antiguas, podemos concluir que insistir en medidas de este tipo que son consideradas “populistas” no llevan a buen puerto y, por el contrario, la situación se convierte en una “crónica de una muerte anunciada”. Cuando el Estado ingresa a espacios en donde no debe, casi siempre se generan problemas de expectativas que, hoy en día, terminan en escaladas de violencia y malestar social. Por lo tanto, las medidas populistas sólo sirven para ganar tiempo, pero la factura se paga de todas maneras más temprano que tarde.

Por el contrario, si queremos que el agro sea ese motor de desarrollo que tanto necesita el país, debemos profundizar en las políticas públicas que generan riqueza y que promueven el crecimiento de la economía vía mayor competitividad. Solo en riego tenemos una fuerte brecha en infraestructura hídrica en nuestra sierra y selva de más US$ 5,000 millones.

Asimismo, falta mucho por mejorar en nuestra capacidad de innovar en el agro que es, hoy por hoy, un elemento central para asegurar nuestra competitividad. Y, debemos ser creativos para integrar a los pequeños productores de sierra y selva a las cadenas de valor más rentables, tanto del ámbito interno como externo, para eso tendemos que hacer esfuerzos enormes para aumentar su productividad.

Ciertamente, aún se requiere mejorar este modelo para integrar en mayor medida a la agricultura familiar y lograr mayores incrementos de productividad que los acerque a activos productivos en el campo (infraestructura hídrica, financiamiento, uso de semillas certificadas, buenas prácticas agrícolas, asistencia técnica, titulación de la propiedad rural, servicios de información agraria, entre otros).

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo-BID analiza el comportamiento del gasto público agrario de diversos países en América Latina desde el año 2006 hasta el 2015 y se puede ver como el gasto se ha ido concentrando más en la provisión de bienes y servicios agrarios de calidad (infraestructura productiva y servicios agrarios como sanidad e innovación agraria, entre otros) y menos recursos en subsidios y/o mecanismos de protección arancelaria.

Precisamente, aquellos países que han optado por concentrar los recursos públicos en la provisión de servicios agrarios registran mayores ritmos de crecimiento de la actividad productiva y de las agroexportaciones, tal es el caso de Chile, Uruguay y Perú quienes han marcado la pauta en la implementación de políticas públicas con alto retorno social.

Recordemos siempre que desviarnos del objetivo por cuestiones de coyuntura nos retrasa, no perdamos de vista el mediano y largo plazo. Las políticas de Estado promotoras de la iniciativa privada y la competitividad nos han traído desarrollo y no las podemos menospreciar.