El reto institucional y desarrollo territorial

El crecimiento económico por si solo no reduce desigualdades, no obstante, sin crecimiento económico es casi seguro que las desigualdades pueden agudizarse. Ello, en la medida en que los más ricos tienen mayor capacidad de adaptación y respuesta a una situación de crisis, versus aquellos que tienen menos riqueza y que con un pequeño desajuste económico, incluso, pueden pasar de la clase media a la pobreza con mucha facilidad.

En ese orden de ideas, en una economía de mercado, cabe preguntarse cómo hacer para que este modelo contribuya al desarrollo del país de forma equitativa y sostenible. Entendiendo por equidad, a la igualdad de oportunidades para acceder a bienes y servicios básicos de calidad, que le permita a cualquier ciudadano satisfacer necesidades básicas y competir en las mismas condiciones. La respuesta a esa pregunta, pasa por tener como objetivo central del modelo al mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano y una buena definición del rol de cada uno de los actores públicos y privados.

Necesitamos un Estado más eficiente y descentralizado que haga una buena gestión del territorio y de los recursos públicos, bajo un enfoque de redistribución del ingreso. Son esenciales los servicios de salud, educación, saneamiento básico e infraestructura de comunicaciones. Mientras que, por el lado privado, también existe una labor muy trascendente, hoy en día, y esa es la capacidad de ese sector para generar valor compartido y apoyar al Estado en la gestión del territorio. El sector privado no sustituye al Estado, pero si que puede convertirse en “Gestor del Desarrollo”, usando sus recursos humanos y financieros para impulsar las escasas capacidades del sector público en espacios alejados, especialmente.

En ese sentido, el mayor aporte del modelo social de mercado no estará, exclusivamente, en la asignación eficiente de recursos, sino en la capacidad de la sociedad para potenciar las alianzas público-privadas en busca de la mejora de calidad de vida de todos los ciudadanos, generando crecimiento económico con valor compartido y sumando esfuerzos para la reducción de las desigualdades: “Si mi vecino está bien, yo estoy bien”.

Hasta antes de la COVID 19, aparentemente, el problema no habría sido la disponibilidad de recursos. No obstante, post pandemia habrá una fuerte contracción de ingresos por recaudación y, por ende, menores recursos también para inversión pública. El problema seguirá siendo el ¿cómo distribuimos los recursos escasos y cómo los ejecutamos? ¿Cómo romper la centralización y mejorar en eficiencia con gasto de inversión que genere mucho mayor impacto?

Nueva institucionalidad para el Desarrollo territorial sostenible

Desde nuestro punto de vista, centrar la agenda de desarrollo país en lo que “nos falta”. Es decir, en el cierre de brechas, tiene sus limitaciones. Éstas estarían en el cómo se establecen esas brechas y cómo se prioriza el gasto público, a partir de esa información.

No todos los territorios y sus pobladores tienen las mismas necesidades y, más aún, no tienen las mismas dotaciones de recursos. Asimismo, no todos los ámbitos geográficos del país tienen las mismas dinámicas económicas y sociales, como acceso a mercados y migración para citar algunos de los más importantes. Por lo tanto, la estrategia de cierre de brechas es “miope”.

Lo que se requiere es una mirada que conecte la competitividad territorial con el gasto público y la inversión privada, para aprovechar las potencialidades de un determinado espacio geográfico. Sobre esa base se podrá identificar necesidades de infraestructura y disponibilidad de bienes y servicios. Si los pobladores de un territorio no logran aprovechar sus recursos de forma sostenible, estarán limitados a vivir en pobreza y a migrar.

En ese orden de ideas, se requiere una nueva institucionalidad que soporte este modelo. No puede continuarse con la asignación de presupuestos con esa mirada fraccionada por sectores y centralista. Para ello, consideramos que se requiere contar con un espacio de interacción activo entre el sector público y privado, pero anclado en un espacio territorial bien definido.

Puede llamarse Agencia de Desarrollo, Proyecto Especial o Corporación de Desarrollo Regional o lo que sea. Sin embargo, deberá cumplir con lo siguiente:

1. Contar con un Consejo Directivo conformado por representantes del sector público en sus tres niveles de gobierno y del sector privado (gremios empresariales, organizaciones de ciudadanos, asociaciones de productores, etc.)
2. Tener un equipo profesional mínimo y altamente profesionalizado. Es la Unidad Ejecutora del plan de Infraestructura y da cuenta del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Territorial.
3. Realizar el planeamiento de desarrollo territorial sostenible, que identifique el potencial de una zona geográfica y establezca consensos en la priorización del uso de los recursos. Este plan determinará objetivos, metas, roles e indicadores de mediano y largo plazo, además de los mecanismos de rendición de cuentas.
4. Priorizar el gasto público, respecto de la generación de sinergías que mejoren su eficiencia y su impacto en la calidad de vida de los habitantes de su territiorio.
5. Promover inversión privada y/o Alianzas Público Privadas como APP, OXI y otros.
6. Constituir una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) o tercerizar este servicio para que se encargue de la ejecución de proyectos multisectoriales.
7. Establecer una interfase de coordinación entre sectores y distintas instancias de gobierno, además del sector privado. Apoyar en el diseño de soluciones y toma de decisiones para superar cuellos de botella en la ejecución de las acciones público-privadas establecidas en los instrumentos de gestión derivados del plan de desarrollo territorial.

Por la importancia del volumen de gasto público que representa, tendrá mayor acceso a las más altas autoridades del país y se convertirá en un mecanismo importante de asignación de recursos. Será sustituida la mirada sectorial por la integración de territorio, convirtiéndose en una fórmula para apuntalar la descentralización.

De forma complementaria a la Agencia de Desarrollo, se deberá incorporar una Plataforma de Valor Compartido que fortalezca la asociatividad, mejore productividad y logre la creación de cadenas de valor que integren a más productores de la agricultura familiar con mayor competititvidad al mercado, utilizando las alianzas con empresas con mayores destrezas productivas y comerciales.