El “milagro peruano” todavía sigue siendo viable

El día lunes 7 de diciembre se publicó en El Peruano la Ley N° 31087, que deroga la Ley de Promoción del Sector Agrario (LPA) y el Decreto de Urgencia N° 043-2019. En el periodo 2000-2018, hemos observado un crecimiento del 16% anual en las exportaciones del sector, y para el año 2019 estas representaron alrededor del 45% de nuestras exportaciones no tradicionales. El crecimiento del empleo formal privado relacionado a la agroexportación se estima en 160% entre el año 2011 y 2018. La LPA se encuentra entre las condiciones que propiciaron este desarrollo sin precedentes del sector (BCRP, 2019). A pesar de lo acontecido en las últimas semanas, según Ipsos, un 51% de los peruanos considera que la LPA debe de mantenerse luego de realizarle ajustes y mejoras. A continuación, presentamos algunas reflexiones y propuestas para la nueva norma que se deberá aprobar:

1. Mediante el Decreto de Urgencia N° 043, en el 2019, se nivelaron las condiciones laborales entre el régimen laboral agrario y el general, con la salvedad de las aportaciones a EsSalud y la forma de pago de la CTS y vacaciones; pagos que se realizaban prorrateados en la remuneración diaria. En ese sentido, el principal problema en materia laboral ha sido el mal uso de services, que han pauperizado y cartelizado (concertación de precios) el mercado laboral agrario en algunas zonas del país. En otras zonas, sin embargo, el jornal diario llega hasta los S/. 60.
2. El objetivo del aporte escalonado del pago a EsSalud fue ir construyendo formalidad en el empleo agroindustrial. En caso EsSalud no tuviese cobertura en el ámbito de sus operaciones, las empresas debían proporcionar facilidades de acceso a servicios de atención médica a sus empleados. En muchos casos, sin embargo, los trabajadores han preferido usar el SIS y en otros, algunas empresas agroindustriales han optado por proporcionar servicios de atención médica primaria privada.
3. Muchas empresas agroexportadoras están optando por invertir fuera del país. Países como Colombia y Ecuador tienen esquemas de incentivos para atraer inversiones que son muy agresivos. A pesar de ello, las exigencias del mercado internacional, que premian no sólo los precios, sino la continuidad de oferta durante el año, obligan a las empresas a mantener sus inversiones en distintos países para aprovechar las ventanas que se generan por condiciones agroclimáticas, y Perú sigue teniendo las mejores condiciones agroclimáticas entre los países de la región.
4. La derogación de la LPA no solo afectará negativamente a las grandes empresas, sino que es posible que la ampliación de frontera agrícola o la generación de alianzas empresariales con pequeños productores organizados se vean afectadas también. Existen experiencias muy positivas de cooperativas de productores que utilizaban los incentivos de la LPA para crecer y que ahora se verán golpeadas por el retorno al régimen general.
5. Por otro lado, principalmente las empresas agroexportadoras más grandes, están realizando importantes inversiones en tecnología y automatización de procesos. Ese proceso ya se ha iniciado, debido a la escasez de mano de obra en ciertas zonas del país. La eliminación de la LPA podría acelerarlo, especialmente en la etapa de empaquetado de los productos. Sin embargo, muchos de los cultivos que se producen en nuestro país siguen siendo intensivos en mano de obra, y va a pasar mucho tiempo antes que esa situación cambie, especialmente en el campo.

La LPA ha sido derogada y ya no vale la pena insistir en su defensa. Sin embargo, es indiscutible que se requiere un esquema de promoción de este sector que nos ha traído grandes beneficios durante las últimas décadas. Por esa razón, proponemos lo siguiente para la nueva norma:

1. En primer lugar, desmontar los beneficios con gradualidad y predictibilidad para las áreas que ya están consolidadas. Reducir gradualmente los beneficios tributarios (20% por año). Plazo de 5 años.
2. Luego de ese plazo, limitar los incentivos tributarios de la norma, tal y como está ahora (15% de impuesto a la renta), solo para nuevas operaciones de ampliación de áreas orientadas a la agroexportación y, también, donde haya alianzas productivas con pequeños productores organizados.
3. Por otro lado, será crucial mantener la temporalidad de la contratación en el sector agroindustrial, pero asumiendo las condiciones laborales del régimen general.
4. La fiscalización debe ser intensiva y participativa, generando condiciones que construyan formalidad, y ante reincidencias en el incumplimiento de la norma, se retiren los beneficios a las empresas infractoras, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones.
5. Finalmente, resultará muy importante promover mayor atención a las condiciones de trabajo de los colaboradores de las empresas; además de la inclusión de mecanismos como obras por impuestos para las mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, es una necesidad impostergable.

La eliminación de los beneficios a las empresas agroexportadoras en materia tributaria y de aportes a la seguridad social contempladas en la LPA, difícilmente beneficiarán directamente a los trabajadores. La nueva norma deberá cuidar de garantizar que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del campo, pero sin perder de vista que retirar de golpe los beneficios otorgados a las empresas que los contratan podría perjudicarlos en última instancia a ellos también.