¿Somos un país viable?

Recuerdo una conversación que tuve, en una tarde otoñal y gris del año 2004, con un entrañable amigo que era gran maestro y mejor politólogo, en la que me preguntó si creía que el Perú era viable como nación.

Reflexionando sobre lo que estábamos viviendo en ese momento, entendíamos que luego de la crisis política en los albores del siglo XXI se habían generado cambios importantes como el impulso del Acuerdo Nacional que se constituía como un espacio de diálogo y consenso con el propósito de promover políticas de largo plazo así como una clara política de apertura económica negociando acuerdos comerciales que permitieran al sector productivo acceder a mercado, nuestro país avanzaba a una institucionalidad que nos condujera a mejorar las condiciones de bienestar del país. En una buena cuenta dejar esa imagen de “país bananero” que durante muchas décadas nos la habíamos ganado.

Sin embargo, estuve equivocado pues aprendimos muy poco de lo acontecido durante el gobierno de Fujimori. Nuestro país se encuentra hoy en su hora más aciaga en la que la viabilidad como nación se encuentra claramente en entredicho.

Actualmente, toda la clase política se encuentra bajo sospecha por diversos actos de corrupción y enfrentada bajo intereses personales sin ningún interés por resolver esta crisis y sólo buscando incrementar sus cuotas de poder de manera oportunista.

Por otro lado, se observa un sector empresarial aletargado que no asume el necesario liderazgo para encontrar una vía de solución a la grave crisis que enfrentamos y que tendrá impactos sobre la recuperación de la economía y el bienestar de las futuras generaciones.

Es evidente que en casi 200 años de historia republicana no hemos alcanzado la gobernabilidad necesaria que impulse un desarrollo inclusivo que nos haga viables como nación. Daron Acemoglu y James Robinson, escribieron hace unos años un libro que titularon “Porque fracasan los países” en donde a partir de un extensivo análisis pragmático, sustentado en una importante casuística comparativa de diversas regiones y/o países con condiciones similares para el desarrollo unos habían tenido éxito y otros no.

¿Poqué ocurre eso? Una explicación es que existen dos formas de impulsar la institucionalidad en los países: la extractiva y la inclusiva. La primera, que es la que se aproxima a nuestra realidad, se refiere a la capacidad que tienen determinados grupos para extraer rentas y riqueza del conjunto de la sociedad favoreciendo a pequeños grupos.

En cambio, la inclusiva se sustenta en que las naciones funcionan a partir de un conjunto de reglas políticas y económicas creadas consensuadamente por el Estado y los ciudadanos, siendo las instituciones económicas las que generan los incentivos necesarios para el crecimiento y las instituciones políticas las que determinan como funciona este proceso.

Por eso es fundamental lograr la fortaleza y calidad institucional que ejerza influencia sobre la conducta que va más allá de las motivaciones éticas y los valores de las personas. Ello permitirá a los ciudadanos tomar decisiones a partir de los incentivos generados dentro del marco institucional y alcanzar el desarrollo.

Lo que viene ocurriendo en los últimos meses es un claro ejemplo que nuestras instituciones son finalmente extractivas, donde pequeños grupos buscan perpetuar las condiciones que favorezcan a ellos y a unas minorías que los apoyan en detrimento de la sociedad en su conjunto.

Es momento de decidir lo que queremos, si mantener el “statu quo” y no avanzar en las reformas de fondo que necesitamos o lograr una institucionalidad inclusiva que nos oriente al desarrollo, Debemos entender que la viabilidad del país está en juego, ojalá lo entendamos y asumamos el desafío de cambiar, esta vez de manera definitiva, las condiciones de precariedad institucional en que nos desenvolvemos.