Día Mudial de la Justicia Social
La Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social (ONU -1995), reconoció: “el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En el Perú, tenemos un desafío mayor, si bien la fuerza de la aspiración individual de los peruanos ha sido el gran motor que ha permitido sobreponerse a la ausencia sistemática del Estado por décadas. Y esto ha permitido alcanzar varios indicadores relativos de prosperidad económica. Esta misma fuerza ha creado un ecosistema de informalidad que es tan flexible y replicable como constructor de desigualdad y precariedad. Estos niveles de informalidad han dado lugar además a la ilegalidad. Una reciente investigación auspiciada por KAS-USAID[1] reconoce que estas economías son del orden de los USD 6500 millones al año. Estas economías buscan permear en las instituciones del Estado para garantizar su subsistencia y crecimiento, horadando y destruyendo la institucionalidad impidiendo que el Estado sea efectivo, eficiente y confiable.
No podemos aspirar a un Perú con oportunidades para todos, a una sociedad que valora y protege su Estado de Derecho cuando es la misma negación de este el que le permite a casi el 80% de los peruanos sacar adelante el día a día. En estos tiempos de tanta convulsión y enfrentamiento entre peruanos, todos valoramos más la paz. Pero no es solo la ausencia de violencia, sino es la recuperación de un propósito y visión común como sociedad para retejer la confianza entre peruanos y juntos construir un Perú que nos haga sentir orgullosos a esta generación y genere ilusión y compromiso a nuestros hijos.
Hace unas semanas participé del lanzamiento del Plan Regional de Educación Regional de Cajamarca al 2036. “Seres humanos educados que ejercen su ciudadanía, practican el bien común y desarrollan sus talentos para alcanzar las mejores oportunidades, hermanados por principios y valores, y que trabajan con convicción y compromiso por el desarrollo de Cajamarca”, esta es su visión. Un proceso que liderado por su gobernador regional y articulada por la Dirección de Educación logró crear un espacio de colaboración por 4 años donde se encontraron maestros, UGELs, padres y madres de familia. A éste esfuerzo se sumaron el Consejo Nacional de Educación, MINEDU, representantes de Naciones Unidas, Universidades y empresas privadas. En esta visión se conjugan ciudadanía, bien común y el desarrollo individual y colectivo. Pero lo más importante, es que quienes hemos participado del proceso lo valoramos como nuestro y nos reafirmamos en nuestra convicción de llevarlo adelante. Experiencias como esta pueden convocar Estado, sociedad civil y empresas privadas para juntos retejer una institucionalidad que nos acerque a la justicia social, a la paz y al desarrollo de los peruanos.
[1] Las Economías Criminales y su impacto en el Perú. CHS. Konrad Adenauer Stiftung – USAID