Las normas que llevan a la Sunat a abusar de los contribuyentes

La Administración Tributaria nacional está en el ojo de la tormenta, son diversos los medios que han publicado diferentes casos de abusos sistemáticos contra los contribuyentes e incluso algunos claros indicios de corrupción de parte de un grupo de funcionarios. Muchos de estos casos se hallan incluso judicializados o en investigación en el Ministerio Público. Entre los más serios destacan: la aparente sobre valoración de la construcción e implementación del Nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana y Callao que costo más de 146 millones de soles; los casos de cursos fantasmas, contratos por arrendamientos de sedes millonarios y el inusual incremento de la planilla.
Más allá de estos malos manejos, los constantes atropellos contra los contribuyentes se deberían a la nueva política de la anterior gestión tributaria que se refrendó en la denominada Ley de Fortalecimiento de la SUNAT (Ley 29816 del 21.12.2011). En esta norma, adicionalmente a los incentivos por desempeño que pagaban a los trabajadores hasta dos sueldos adicionales al año, se aprueban las bonificaciones por función crítica y función riesgosa de hasta mil ochocientos nuevos soles mensuales. Además, encontramos que se otorgaba un bono por función directiva, que le podría fácilmente, duplicar el sueldo mensual a un trabajador. Es decir se crean una serie de incentivos perversos. Los funcionarios de Sunat, con la finalidad de incrementar sus ingresos estaban propensos a cometer una serie de abusos con tal de llegar a las metas que se les ponían.
Estos bonos eran otorgados a discreción de los directivos, por lo tanto, era fundamental mantenerse congraciado con las autoridades de turno, so pena de perder mensualmente varios miles de nuevos soles.
La citada Ley de Fortalecimiento, también la facultaba a aprobar su propio Cuadro de Asignación de personal (lo que le permitió casi duplicar el número de trabajadores), quedarse con los saldos presupuestales no ejecutados de los ejercicios 2011 y 2012, aprobar su propia escala remunerativa, auto estableciendo los requisitos (por ejemplo para ser Asesor I de Tania Quispe, no hacía falta haber terminado la universidad o instituto, solamente manejar internet, escribir en computadora y tener algún curso de tributación) y liberándola de las normas de austeridad, entre otras.
Si bien, en un primer momento, no se le permitió hacer modificaciones organizacionales, sin contar con la conformidad técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros , dicho impasse fue superado con la inclusión de la Disposición Complementaria Final Octogésima tercera de la Ley del Presupuesto Público del 2014, que le permitió hacer más de una docena de modificaciones y crear cientos de puestos directivos, lo que le permitía contar con una gran cantidad de jefaturas con apetitosos sueldos y bonificaciones que podía ofrecer y otorgar a voluntad.
Nos encontramos, pues, ante toda una gama de herramientas económicas que permitían a la Superintendenta Nacional y a los Directivos designar en los cargos y otorgar bonificaciones a quien ellos deseen, quebrando la meritocracia, la línea de carrera.
Por otra parte, lo que se viene investigando actualmente es que la cercanía familiar de la ex Jefa de la SUNAT, Tania Quispe, con la ex Primera Dama, Nadine Heredia, no favorecieron un desenvolvimiento autónomo del organismo recaudador y se cree que incluso hubo un sometimiento a las necesidades políticas de Palacio de Gobierno.
Efectivamente, algunas campañas de la Administración Tributaria, coincidieron con las urgencias palaciegas, por ejemplo, durante la vorágine persecutoria contra Martín Belaunde Lossio y su solicitud de refugio político en Bolivia que comprometía a la Primera Dama; la SUNAT saltó a la palestra mediática con una espectacular intervención por presunta evasión tributaria de un personaje del mainstream local que fue transmitida en directo por las televisoras locales. Los medios tuvieron en sus manos una detallada nota de prensa del caso, y transmitieron videos grabados al interior de los locales intervenidos, adonde solamente habían accedido los camarógrafos de la División de Prensa de la SUNAT. Durante semanas se presentaron informes periodísticos del caso, con todos los elementos de una prolija estrategia distractora: hermosas vedettes, un personaje de la farándula, autos de lujo, yates, millones de soles, una anciana víctima, una mujer indignada, un fiscal, mucha policía y todos los reflectores encendidos.
Todos los ingredientes de un sicosocial al mejor estilo montesinistas que tendría como objetivo desviar la atención hacia un tema “más mediático”. Algo similar ocurrió a fines de junio del 2015, cuando la investigación fiscal por Lavado de Activos contra la Primera Dama se le sumaba la noticia de la presentación pública de sus agendas personales, se distribuyó en los medios la noticia de que el mismo personaje estaba vinculado a empresas constituidas en Panamá, es más, para reforzar la noticia, la Procuraduría Pública de la SUNAT acompañada inusualmente de cámaras y fotógrafos presentó la denuncia y luego dio profusa información a la prensa. Algo que contrasta totalmente con el tratamiento de otro tipo de casos similares.
Es importante que una institución publicite sus logros, obviamente también, es absolutamente legítimo que los medios se encuentren interesados en publicar noticias relevantes. El inconveniente se produce cuando un organismo público es instrumentalizado para cumplir objetivos políticos particulares. El conflicto ético y legal se produce cuando desde el poder se alteran las reglas con el fin de someter a una gravitante institución pública para que sea afín a los requerimientos personales y partidarios de los gobernantes de turno.
En este sentido es importante buscar una explicación para conocer cómo fue posible lograr que funcionarios con quince o más años de experiencia pública fueran doblegados y puestos al servicio de intereses políticos particulares.
El daño a la SUNAT ya está hecho, también los graves perjuicios causados a miles de contribuyentes. Es tarea del nuevo gobierno, rectificar el rumbo y podría empezar con derogar las normas que crean estos incentivos perversos, que permitireron engrosar el organigrama que permitió un festín de cargos y bonificaciones, reforzar sus áreas operativas, mejorar sus herramientas informáticas, rediseñar sus estrategias de recaudación y fiscalización, redimensionar las acciones de fiscalización, regular la discrecionalidad no solamente en materia sancionatoria, sino también en gestión de recuperación de deuda por cobranza coactiva, liberar de funciones recaudatorias a los contribuyentes (detracciones, percepciones, retenciones), auditar sus contrataciones (construcciones, alquileres, contratación de servicios), reestructurar su órgano de control, pero sobre todo, convocar a un concurso público nacional para designar nuevos jefes a todo nivel que reemplacen a toda la burocracia obsecuente y anquilosada que permitió tanto atropello en los últimos años.