Con Gobierno de Castillo la minería se está haciendo inviable en el Perú

Tres de las minas que más contribuyen a la economía nacional se hallan paralizadas por acciones de fuerza: las Bambas (MMG), bloqueada por la comunidad de Urinsaya (Espinar); Cuajone (Southern Perú), paralizada desde fines de febrero por el bloqueo de su vía férrea y por el corte de los suministros de agua; y, Antamina, por la toma de la carretera de acceso a la mina por parte de comuneros del distrito de San Marcos. Estos hechos no parecen preocuparle al presidente Castillo, en su larga alocución ante el Congreso el martes 15, no mencionó una sola vez la palabra minería y mucho menos alguna medida para gestionar la conflictividad e incentivar a este sector clave para el desarrollo de la nación.

Comuneros bloquean vía férrea de Southern Perú

Esta situación podría llevar, a que estas empresas se vean obligadas a anunciar que suspenderán operaciones. MMG Las Bambas comunicó la suspensión de sus operaciones en dos oportunidades en lo que va de este gobierno. Una en diciembre del año pasado y la otra en febrero de 2022. El 14 de diciembre, la brasileña Nexa Resources comunicó que “tras casi una semana de un bloqueo ilegal realizado por un grupo de personas a las vías de acceso de la Unidad Minera Cerro Lindo, en la Región de Ica”, debía suspender sus operaciones.

Dos meses antes, el 15 de octubre, Buenaventura se vio obligada a recurrir a esta medida, entre otras razones, porque la comunidad de Oyón durante más de un mes paralizó las operaciones de la Unidad Minera Uchucchacua, reclamando supuestos incumplimientos a acuerdos suscritos entre esta comunidad y la empresa.

Tan solo quince días después de este hecho, Antamina, la minera más grande del Perú, hacía un anuncio similar ante un bloqueo y amenazas de interrumpir violentamente las operaciones. “Creemos que no existen garantías para desarrollar nuestras labores productivas o para seguir trabajando en los proyectos y obras por el desarrollo en nuestra área de influencia operativa”, comunicaron.

A esta situación, se suma que el circuito petrolero se halla paralizado prácticamente desde que se inauguró la gestión Castillo. Los únicos dos lotes (67 y 95) que extraen petróleo en la actualidad están tomados. Nuestra exigua producción petrolera en la selva de unos 30 mil barriles diarios (el Oleoducto tiene la capacidad de transportar cien mil), ahora es cero. No hay operadores: se fue Frontera Energy del 192, Geopark del 64 y Pluspetro del Lote 8. Solo queda Perenco en el 67 y la nacional Petrotal en el 95. Durante toda la gestión de González Toro en el despacho del viceministro de Hidrocarburos se acumularon las telarañas (no se designó viceministro y se botó a todos los asesores). En estas condiciones, pedir que el gobierno muestre cual es su política de hidrocarburos (cuando se amenaza un día sí y otro no con nacionalizar Camisea), es esperar demasiado.

Un deterioro tan veloz de las condiciones sociales en los entornos de las actividades minero energéticas, llevan a pensar que los actuales funcionarios del MINEM o desconocen o no le dan importancia al sector.

Los embarques mineros representan el 65% de todas nuestras exportaciones (US$ 40,619 millones), los pesqueros, agropecuarios, químicos y otros son el 35% (US$ 21,454 millones). Es claro que nuestra economía depende de esta actividad, y que nuestro crecimiento está íntimamente vinculado a seguir siendo atractivos para las inversiones mineras.

Estas cifras se han traducido en importantes mejoras en las condiciones de vida en los entornos mineros. En el corredor, por ejemplo, han permitido que la reducción de la pobreza sea sumamente significativa y solo explicable por la presencia de la minería.

En el año 2010, Apurímac era la segunda región más pobre del país (63,1%, el doble de la pobreza a nivel nacional 31,3%. Superior a la pobreza de todo el ámbito rural (54,2%). Cotabambas mostró una reducción de la pobreza de 63.5% en el 2007 a 34.2% en el 2019; Espinar en el mismo periodo de 62.1% a 32.7% y Chumbivilcas, en este índice pasó 89.3% a 50.4% [1]. Estas mejoras se han traducido también en el crecimiento del tejido empresarial de estas tres provincias y, sobre todo de los montos de ventas. En Cotabambas el número de empresas formales pasó del 161 en el 2007 a 2901 en el 2019. Y las ventas de estas firmas que en el 2007 solo llegaban a 2.4 millones de soles se incrementó a 362 millones de soles anuales en el 2019. Algo similar a lo ocurrido en Chumbivilcas. De 242 a 2347 empresas del 2007 al 2019 y las ventas subieron en ese tiempo de 4.6 millones a 118 millones[2].

Si bien en este crecimiento empresarial ha contribuido significativamente la actividad minera (el eslabonamiento de estas empresas con la unidades mineras es superior al 60% en todas las provincias del corredor), también ha aportado la inversión estatal que se ha financiado con el canon minero y mediante obras realizadas directamente por el Ejecutivo. Las tres provincias del corredor minero han recibido entre el 2003 y el 2020 más de 6 mil millones de soles en recursos que se dividen de la siguiente forma: 641 millones de soles provenientes de las empresas  (Convenios Marco y fondos sociales); 2400 millones por canon, regalías y otros; y, 2900 millones en obras ejecutados como parte de los llamados planes de inversión o de desarrollo que el gobierno suscribió en mesas de diálogo del 2013 en adelante.

Todos estos beneficios y esta dinámica económica se pueden detener o perder, si es que el gobierno no enmienda el rumbo inmediatamente. Los actuales funcionarios del Minem y la PCM parecieran creer que la responsabilidad de la conflictividad es de las empresas que no estaría cumpliendo con sus responsabilidades sociales y que por ello las comunidades y autoridades protestan.

Lo cierto es que políticas públicas mal diseñadas y estrategias de responsabilidad social de las mineras han introducido una serie de incentivos que han generado mecanismos de búsqueda de renta, en especial en entornos de escaso potencial productivo como son el corredor minero y el circuito petrolero.

El discurso de Castillo durante la campaña electoral, las declaraciones de ministros y congresistas, como la actuación de los funcionarios encargados de atender la conflictividad han disparado esta conducta de búsqueda de renta en los últimos seis meses. Dirigentes, autoridades locales y oportunistas han encontrado la coyuntura ideal para exigir negociaciones a las mineras que les aseguren mejores y mayores aportes.

Como es obvio, no todo es culpa de Castillo, sino de nuestros últimos gobernantes. En el 2018, de acuerdo a la encuesta del Instituto Fraser, el Perú se ubicaba en el puesto 18 en el ranking de países con mayor atractivo para realizar inversiones mineras en el 2019, cayó al 24 y en el 2020 al 34. Un deterioro muy rápido que refleja el deterioro institucional del país, pero también la atención (o desatención) que se le ha prestado al sector por nuestros últimos gobernantes. Dado los últimos acontecimientos, no hay que ser pitoniso para augurar que el 2021 descenderemos aún más en este ranking.

Lamentablemente, dos importantes zonas con enorme potencial para el país, como son el circuito petrolero y el llamado corredor minero, se han convertido en espacios en donde los proyectos de hidrocarburos y mineros, respectivamente, son actualmente inviables socialmente por el descuido del Estado.

El Gobierno de Castillo, agravó seriamente la situación: primero renunció a despejar las vías por dónde se transporta mineral o evitar los cortes del oleoducto; segundo, se negó a denunciar y condenar a los dirigentes que sistemáticamente infringían la Ley; tercero, desarticuló a los equipos de diálogo en el territorio; y, finalmente, aceptó todos los pedidos de los líderes más extremistas. ¿Puntillazo final para una industria que es la locomotora del crecimiento del país y nuestra principal arma para luchar contra la pobreza?

Esperemos que no, pero lo cierto es que esta industria (la minera y petrolera) se está haciendo inviable tal y como marca la experiencia del circuito petrolero y minero.