La respuesta no es incrementar el costo laboral sino reformar

El cumplimiento de la legislación laboral en nuestro país resulta una preocupación para cualquier empleador, y en particular para las empresas emergentes. En efecto, el hecho que la informalidad laboral sea de tal magnitud (70% de la PEA aproximadamente) que la mayoría de normas se aplican a la minoría de trabajadores, evidencia la rigidez existente en nuestro ordenamiento. En lo que a costos laborales no salariales se refiere, estos afectan la competitividad de nuestro país y los salarios, por lo que a mayores costos se tendrá más informalidad en el Perú, así como mayor precariedad en el empleo.

Nuestros costos laborales se ubican entre los más altos de la región, llegando a alcanzar o en algunos casos superar el 50%. En otras palabras, por cada Sol que abona el empleador en planilla, su costo laboral no salarial es de S/ 0.50.

Se viene evaluando implementar medidas que tiendan a reducir la informalidad, las cuales irán acompañadas de una reforma laboral en lo que a la reposición se refiere, limitándola a casos excepcionales e incrementando la indemnización por despido.

Sin embargo, ello no es lo único que debe evaluarse. Lo laboral no tiene toda la “responsabilidad” de la informalidad. También es responsable el sistema tributario complejo y la asfixiante permisología. Entonces, la solución debe ser integral. Mientras ello no ocurra no habrán cambios.

En todo caso, si por un lado se vienen evaluando opciones, no puede ocurrir que se sigan presentando propuestas legislativas que tiendan a encarecer el costo laboral como el proyecto presentado por el Frente Amplio que pretende modificar la regulación de la retribución por el trabajo nocturno, sustituyendo la remuneración mínima nocturna hoy vigente por un bono.

En efecto, en la actualidad nuestra normativa contempla que el personal que labora en horario nocturno (10:00 p.m. a 6:00 a.m.) debe percibir un ingreso no menor a la Remuneración Mínima Vital más un 35%, es decir, S/ 1,255 aproximadamente. El proyecto cambia el ingreso mínimo por una bonificación del 35% sobre la remuneración mensual del trabajador. No entendemos la razón del cambio pues el proyecto no es claro en este extremo.

En nuestra opinión, se ha omitido reflexionar en el impacto que este proyecto tiene sobre las empresas pues no vemos que contribuya con la formalización. No es la primera vez que conocemos proyectos de este tipo.

El Congreso debería abstenerse de debatir proyectos que “le pinchen la llanta” a la reforma que viene trabajando el Poder Ejecutivo y más bien aprobar lo que éste presente, luego de un debate técnico y no solamente político.  Por otro lado creemos que hay reformas que no pueden esperar a ser debatidas en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) que, según lo ha señalado la Ministra de Trabajo, se instalaría este 31 de enero. Sabemos de antemano que los temas polémicos se van a quedar entrampados en ese foro y no vamos a avanzar. La experiencia del pasado avala esta afirmación.

Por otro lado, temas tan complejos como la reposición en caso de despido no se solucionan con un acuerdo del CNT, que es improbable que ocurra, o con un Decreto Supremo o inclusive una Ley. Se necesita que el TC, como Supremo Intérprete de la Constitución cambie su línea jurisprudencial y valide a la indemnización como única reparación contra el despido arbitrario, como expresamente lo señala la norma. Esta opción es acorde con la Constitución, por lo que falta una decisión política por parte del TC. Ojalá esto ocurra y se pueda frenar la tendencia judicial de reconocer no solo la reposición sino una indemnización adicional por los daños no patrimoniales derivados del despido e inclusive importar una figura del derecho anglosajón denominada “daños punitivos” para castigar al empleador. Con castigo no se avanza, necesitamos seguridad jurídica en el Poder Judicial a través de sus fallos de carácter laboral para atraer inversión privada, que, desde luego debe cumplir con las leyes peruanas.

Esperemos a ver qué sucede, qué tipo de reformas se dan y si las mismas abordan el problema estructural o se avocan en asuntos accesorios o de menor relevancia. Y por último, una reforma no debe entenderse como recorte derechos, ¿qué derechos se van a recortar a los que no tienen nada? La idea es darles lo fundamental e ir mejorando progresivamente.