¿Qué se entiende por tala ilegal?
Se conoce como tala ilegal a cualquier afectación del bosque sin autorización o fuera de cualquier régimen regulado que permita el uso responsable de los recursos del bosque. Este fenómeno se presenta de 3 formas: los cultivos de supervivencia; narcotráfico y minería ilegal; y la tala ilegal con fines de comercialización.
La primera de ellas explica el 95% de la deforestación de la Amazonía peruana según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). Se trata de la tala de bosques, seguida por la quema del terreno para que sirva como cultivo para alimentar a grupos familiares en extrema pobreza, migrantes que provienen del espacio andino. Bajo esta práctica, desde la década del 70, se han perdido 8 millones de hectáreas. Por su parte, en los últimos 3 años la afectación fue de 150 mil hectáreas, lo que representa US$ 3 mil millones. Esta cifra no toma en cuenta la pérdida de la biodiversidad del bosque ni las emisiones de gases de invernadero producto de la quema.
La segunda forma de deforestación es sumamente peligrosa: las prácticas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal no solo dejan una huella irreparable en el suelo amazónico e impactan a la biodiversidad, también propician una economía ilegal y violenta que deteriora sensiblemente la institucionalidad de las entidades reguladoras del Estado.
Finalmente, la tala ilegal con fines de comercialización es una actividad ilícita que afecta en primer lugar a la industria formal, debido a que genera competencia desleal, daña la reputación del sector y distorsiona los precios del mercado. Asimismo, atenta contra el Estado, porque deja de percibir los impuestos que debería si los orígenes de esta madera fueran legales.
Habiendo resaltado los daños que causa la tala ilegal con fines de comercialización, es importante indicar que no se trata de una actividad que genere deforestación. La razón es simple: el bosque amazónico es heterogéneo, hablamos de más de 3 500 especies diferentes, de las cuales un promedio de 30 sirven para comercializar. Este tipo de tala es selectiva, no indiscriminada, y necesita un esfuerzo logístico importante para el trozado y posterior movilización de la madera fuera de este enorme manto verde. Sería poco creíble culpar a esta mala práctica del gran problema de la deforestación, especialmente si consideramos que las 150 mil hectáreas deforestadas en los últimos 3 años por comunidades en extrema pobreza representarían 1 millón 200 mil camiones cargados con 25 m3 de madera.
Este último indicador nos lleva a analizar el aporte del sector forestal a la economía peruana. En el 2008 se exportó US$ 219 millones y fue el año en el que se dio la mayor exportación de madera en nuestro país. Sin embargo, ese mismo año, Chile exportó US$ 3 mil millones. El año pasado, nuestra exportación fue de US$ 129 millones, mientras que la de Chile fue US$ 6 mil millones. Estos números nos llevan a concluir que el Perú no comercializa la mayor parte de su madera: al contrario, el Perú la quema.
Un punto aparte merecen las declaraciones del Ministerio de Agricultura, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre y el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales que coinciden en señalar que el 90% de la madera extraída (legal e ilegal) se queda en mercado nacional, donde muchas veces encontramos grandes reservas de madera en venta sin guía forestal.
La aclaración de todos los efectos de cada una de las formas de tala ilegal es necesaria para tener un diagnóstico preciso de la problemática e iniciar acciones que la combatan exitosamente. La biodiversidad del bosque que cubre a la Amazonía peruana (65% del territorio nacional) es una muestra concreta de que el Perú es un país forestal y la mejor manera de evitar exponer a nuestro bosque ante todos los peligros mencionados anteriormente, es a través de una política de concesiones a empresas con capacidad técnica y económica que cumpla con los altos estándares que demanda el manejo forestal sostenible de la ley forestal peruana.