¿Qué sucede con las concesiones forestales?

Las concesiones forestales son modelos de aprovechamiento sostenibles de los bosques productivos que buscan preservar su riqueza y evitar daños al ecosistema. De esta manera, se permite la regeneración natural de los árboles.

Este modelo fue introducido en nuestra legislación en la década del 2 mil con la ley Forestal y de Fauna Silvestre – N° 27308. El objetivo que tuvo esta iniciativa fue de incorporar el manejo de los recursos forestales a partir de concesiones con planes con sustento técnico y científico que hagan sustentable el aprovechamiento del recurso.

Somos de la opinión que las concesiones deben ser otorgadas a grandes extensiones de bosques, lo ideal sería de 50 mil a 100 mil hectáreas, ya que su aprovechamiento se realiza generalmente a partir de parcelas de corta del 5% del área total. Esta es una característica predominante de los bosques peruanos que se sustenta por la gran heterogeneidad de los árboles que habitan en la Amazonía. Tomemos en cuenta que el bosque tropical tiene más de 3 mil especies botánicamente conocidas, sin embargo, solo 30 de ellas tienen demanda comercial en el mercado. Por otro lado, para que una concesión forestal sea exitosa, detrás de ella debería haber un plan de manejo con capacidades técnicas y un operador con experiencia y robustez financiera que le permita afrontar los desafíos del sector.

Desde los inicios del sistema de concesiones, a pesar de que la Ley preveía otras formas de acceso al recurso para los medianos y pequeños extractores, el Estado en un gesto anti técnico y populista lanzó el proceso de concesiones forestales, privilegiando su otorgamiento a pequeños operadores, sin experiencia ni recursos técnicos ni económicos. A ellos se les otorgó una porción del bosque productivo por 40 años. Asimismo, por sus capacidades económicas limitadas, se les entregaron lotes de entre 5 mil y 8 mil hectáreas. Si tomamos en cuenta los datos anteriores, entenderemos por qué dichas áreas concesionadas no fueron eficientes ya que las posibilidades para encontrar especies comercialmente aprovechables en esa extensión de terreno es escaza.

Actualmente, del 100% de las concesiones otorgadas, solo funciona el 25%, aproximadamente, y de este porcentaje solo 600 mil hectáreas tienen un manejo certificado y con operaciones exitosas, el resto está con procedimientos administrativos, caducadas, abandonadas o en situaciones precarias debido a la falta de herramientas, experiencia, gestión e institucionalidad de quienes las manejaron y por la falta de apoyo técnico y financiero del Estado. A este escenario hay que incluirle, además, las prácticas ilegales que generan mala imagen y distorsión de los precios en el mercado legal de madera. Como consecuencia, tenemos un sector es sobrerregulado, castigando de esta manera al operador legítimo de concesiones y no al modelo de otorgamiento de concesiones.

Lo recomendable es que las concesiones forestales que no hayan sido otorgadas o que hayan revertido al Estado, sean nuevamente concesionadas a través de un concurso más rápido y buscando perfiles con valor técnico y financiero para acceder a ellas.

Con el nuevo gobierno, se tiene la oportunidad de enmendar el error y poner en valor los millones de hectáreas de bosques en situación de abandono, expuestas a los grandes peligros que originan la deforestación. Es claro que el Estado no tiene la responsabilidad de los errores de administraciones anteriores, pero sí tiene la obligación de darle solución al problema que sigue creciendo.