EL GASODUCTO DEL SUR ¿Qué espera el Gobierno para licitar el proyecto?

Hay reservas, hay demanda, 1678 millones de dólares invertidos y todo el sur esperando más de 15 años.

La demanda contra el Estado Peruano planteada por Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la suspensión del contrato del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), solicitando una indemnización de 1200 millones de dólares, ha encendido el debate público y motivado, más allá de los cuestionamientos a los fiscales Vela y Pérez, interrogantes sobre la inacción que muestra el Gobierno para volver a licitar este proyecto.

La ex ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz publicó el artículo[1]: Gasoducto del Sur, ¿hay interesados en su retraso?, donde sostiene que el GSP no es un elefante blanco como lo califican sectores interesados, sino una infraestructura indispensable para la descentralización económica y el desarrollo del sur. Expresa también que serían algunas empresas dedicadas a la generación de electricidad las interesadas en que siga retrasado, para beneficiarse con el alza de las tarifas que próximamente ocurriría por falta de gas.

Contra lo que propalan los detractores de este proyecto, existen reservas de gas y también demanda potencial. Las proyecciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES[2] indican que la generación eficiente de electricidad terminará pronto y la falta de gas en las centrales del Nodo Energético del Sur hará que estas empiecen a trabajar con Diesel, provocando un aumento de las tarifas de electricidad. Hay 1678 millones de dólares enterrados en tuberías, maquinaria y equipos y el Estado gasta 50 millones de dólares anuales en su cuidado y mantenimiento. Si el GSP estuviera concluido, el consumo de dichas centrales superaría los 300 millones de pies cúbicos/día, lo que permitiría una verdadera masificación del gas, brindaría energía más barata al aparato productivo del sur y una mayor seguridad al abastecimiento de energía del país.

Entonces, si existen reservas y una importante demanda potencial en el sector energía y otros, ha sido realizada una cuantiosa inversión y se ha priorizado el GSP en el Plan Nacional de Infraestructura[3], la consultora Mott McDonald, contratada por Proinversión, ha sugerido mantener el trazo actual y, por los hechos de corrupción que ha confesado la empresa Odebrecht, es casi imposible que su demanda ante el CIADI prospere, ¿por qué el Gobierno no decide llevar adelante la licitación para concluirlo?

En nuestra opinión, el tema de fondo en este debate es cómo aprovechamos el gas de Camisea en función de los intereses del país y no principalmente de intereses privados, como ocurre actualmente. El GSP es un proyecto de alta rentabilidad social y un factor de descentralización económica y redistribución. Lo que hace falta para ponerlo en marcha es decisión política del Gobierno con respaldo ciudadano, para lo cual las autoridades regionales y locales, y las organizaciones sociales del sur deben hacer causa común demandando y respaldando esta decisión.

Conoce la historia del gas de Camisea durante más de tres décadas en el resumen elaborado por Grupo Propuesta Ciudadana -> http://bit.ly/34tuf7Q