¿Cuál fue la influencia del sector minero durante la pandemia?

Por Grupo Propuesta Ciudadana.

La pandemia de la COVID-19 permitió apreciar con mayor nitidez la red de influencias existentes en el país. La cuarentena decretada por el gobierno de Martín Vizcarra paralizó gran parte de las actividades económicas. En respuesta, desde el inicio de la crisis los grandes grupos empresariales -entre los cuales destaca el sector vinculado a la gran minería- aparecieron en diversos medios de comunicación para presionar por la pronta reapertura de la economía con la menor regulación posible. ¿Hasta que punto estos actores lograron intervenir sobre las acciones del Gobierno y alinearlas a sus intereses?

Nuestra última Nota de Investigación y Análisis, “El sector minero y la captura del Estado en el Perú durante la pandemia de la Covid-19”, elaborada por el sociólogo Alonso Marañon, revela la desmedida influencia del sector minero sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la formulación de políticas públicas. La investigación desarrolló un seguimiento sistemático de los actores empresariales y estatales en determinados eventos clave entre los meses de marzo y octubre del 2020. Dichos eventos se presentan cronológicamente: desde que se inicia la dinámica de influencia empresarial hasta su culminación exitosa en las más altas instancias decisorias del Estado.

La investigación detectó tres eventos clave de influencia empresarial: la presión al inicio de la pandemia para que la minería tuviera mejores condiciones operativas, entre marzo y junio; las acciones para impulsar el nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, entre julio y agosto; y la campaña contra el Acuerdo de Escazú, entre julio y octubre. El proceso de los eventos pudo ser descrito después de revisar los pronunciamientos institucionales de los gremios empresariales, así como sus declaraciones en medios de comunicación masivos (Radio Programas del Perú, Perú21, ATV+, entre otros) y en el ecosistema de medios de la gran minería de públicos más acotados de este sector. Asimismo, se revisaron las declaraciones de los representantes del Estado, los documentos que sustentan las decisiones estatales.

Como muestra la investigación, la mayoría de demandas del sector minero fueron exitosamente tramitadas por el Estado. En todos estos casos, se impuso un discurso que acusa la existencia de una excesiva “tramitología” que ralentiza la inversión privada y el crecimiento económico; es decir, una supuesta y excesiva reglamentación del Estado en la vida económica. En primer lugar, las minas continuaron funcionando durante la pandemia con protocolos sanitarios estatales que fueron progresivamente flexibilizados. Seguidamente, después de dos años de discusión, fue aprobado el nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, cuya innovación más importante fue la incorporación del silencio administrativo positivo, otra flexibilización burocrática demandada por el sector minero. En tercer lugar, el Acuerdo de Escazú fue archivado por las mismas razones que impulsaban los gremios empresariales.

De este modo, mediante los discursos que el sector minero expresa en sus canales formales y en los medios de comunicación, fue posible corroborar que las decisiones estatales que se busca impulsar tienen una gran similitud con el contenido de lo finalmente aprobado por el Gobierno Todas estas consideraciones confirman el gran poder estructural que tiene el sector para orientar las decisiones políticas en el Perú.

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