Agua para todos

Por Cesar Alvildo, alumno de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico

El Estado peruano reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Los últimos gobiernos no han dudado en concentrar sus esfuerzos para reducir aquella brecha de inversión de infraestructura que alcanza los US$12,252 millones en el sector agua potable y saneamiento.

Según la FAO, el Perú se encuentra en la octava posición entre los países con más agua en el mundo, pero dicha abundancia no está distribuida equitativamente en el territorio. La vertiente que desemboca al océano Pacífico brinda el 2% del volumen total de agua dulce, mientras que la vertiente que desemboca al océano Atlántico dispone del 97% del volumen de agua. El resto proviene del lago Titicaca. Además, en la costa peruana vive más del 60% de la población y se consume el 87% del total de agua utilizada, por lo cual la infraestructura es esencial, según MINAGRI.

Según datos del MEF, en el año 2017 se invirtió un total de S/ 4.351 millones en agua y saneamiento. Esta cifra es un 42% superior a lo registrado en el 2016 y, durante el 2018, se efectuó una inversión de S/2.428 millones. La calidad del gasto es el gran reto pendiente, actualmente son tres millones de peruanos los que no poseen acceso al agua mediante una red pública y siete millones de peruanos con acceso al agua, la consumen en un estado no potable, según datos del INEI. Esto provoca un perjuicio económico tanto a las familias más pobres como al país.
Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), para conseguir una fuente de acceso al agua abasteciéndose de camiones cisternas de dudosa calidad y con altos riesgos de contaminación en el almacenaje, los ciudadanos que viven en la periferia de Lima deben pagar S/180 mensuales por familia, casi el 20% de un salario mínimo.

De conectarse a la red, cada familia pasaría a tener una factura mensual de S/. 43, cifra mucho menor pero impagable por muchas familias en condiciones de pobreza extrema, lo que hace poco sostenible proveer de servicios a estas áreas. Son las mujeres y niños los que deben caminar largas distancias para adquirir el agua, lo que reduce las oportunidades que poseen las mujeres para realizar alguna actividad laboral que le permita mejorar su situación económica y el tiempo que los niños pueden dedicar a estudios o al ocio.

La segunda causa más importante de mortalidad infantil en el mundo es la combinación de agua sin potabilizar con la falta de servicios básicos. En el Perú, las enfermedades derivadas de la falta de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, y las deficiencias de higiene provocan 6,6 mil muertes al año debido a patologías diarreicas, lo cual representa el 3.9% del total de muertes acaecidas en el país, según la OMS. Los departamentos de Huancavelica y Cajamarca son los que menos acceso al agua potable por red pública poseen, con un alcance de solo 18.7% y 23.6% de su población, respectivamente. Además, dichos departamentos presentan altas tasas de pobreza y de mortalidad infantil.

El PNUD afirma que, con tan solo brindar las más básicas instalaciones de agua y saneamiento, se permitiría a cada país en desarrollo, como el Perú, un ahorro de US$ 1.600 millones al año solo en los sistemas de salud. El costo de atender un episodio de enfermedad diarreica aguda en un hospital es de S/ 23 para la familia y de S/ 52 para el estado. La enfermedad se puede presentar hasta 4 veces al año en menores de 3 años.

El costo del agua de cisterna, el tratamiento médico y el ausentismo laboral y escolar son letales para la supervivencia de la familia considerando que la línea de pobreza es de 344 soles por persona y la línea de pobreza extrema es de 183 soles por persona, es sencillo ver el impacto que la falta de acceso al agua causa en la economía de estas familias.

En suma, el progreso de muchas familias peruanas se ve condicionado por el acceso al agua y la calidad que posee. Son las familias sin acceso al agua en su hogar quienes pagan un costo mayor por ella y están más propensas a contraer enfermedades, lo que provoca un gasto mayor para el gobierno por sistema de salud y educativo. Por lo pronto, las metas específicas del gobierno en la matera son alcanzar la cobertura universal de usuarios urbanos para el 2021 y lograr la cobertura universal de beneficiarios rurales en el año 2030.