Desafíos para el Poder Lesgislativo en materia económica

Rodrigo Oblitas, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico

Si bien la labor del Congreso de la República no comprende la utilización de herramientas de política fiscal ni monetaria, esto no significa que no se vea involucrado en el desempeño económico del país puesto que, como representación de la población, debe ejercer control político y fiscalizar con orientación hacia el desarrollo, además de legislar sobre materias económicas, tributarias, protección del consumidor, entre otros asuntos vinculados. No obstante, escándalos de corrupción y confrontaciones fueron protagonistas en el trienio de los últimos “padres de la patria”. ¿Cómo y hasta qué punto estas problemáticas afectaron el desempeño de la economía? ¿Qué esperar del próximo periodo legislativo?

Como es sabido, el más reciente Congreso estuvo mayormente compuesto por la facción opositora al oficialismo, lo que generó un ambiente de confrontación desde que comenzó a ejercer funciones y que duró incluso después de la disolución. Son muchos los roces que hicieron eco en la sociedad, entre los que se destacan censuras al gabinete, cuestiones de confianza, mociones de vacancia y hasta “Kenjivideos”. Así también, la corrupción de los Poderes se hizo evidenciar principalmente a través de los casos de Odebrecht y los audios del Consejo Nacional de la Magistratura.

De todo esto, se puede analizar su incidencia en materia económica. Partiendo desde lo más general, es evidente que este contexto conflictivo entre gran parte del Legislativo y el Ejecutivo no era propicio para el avance del país: no había un consenso en el que cimentar el desarrollo peruano y las consecuencias de este hecho se vieron plasmadas tanto a una escala micro como a una macroeconómica. Sin embargo, puede afirmarse que la influencia de los desencuentros en algunos casos afectó indirectamente. Para explicar esto último, se expone el caso de los cambios de ministros y altos funcionarios del Estado, los cuales implicaron un retraso en la toma de decisiones y la paralización o modificación en la cartera de proyectos: tan solo en los veinte meses del gobierno de Kuczynski, ocho de los ministerios tuvieron a tres ministros y otros ocho, a dos. Así, debido a deficiencias e interpelaciones, los proyectos sufrieron retrasos, siendo algunos muy considerables al punto de ser notoriamente perjudiciales. Un ejemplo claro son las demoras en proyectos de infraestructura y transporte que, aparte de generar sobrecostos, implican que la sociedad continúe sufriendo pérdidas económicas por la congestión vehicular (según la Fundación Transitemos, para el caso de Lima, estas se valorizan en S/. 27 000 millones).

Por parte de los efectos directos del ruido político, se hace hincapié en la ejecución de las reformas gubernamentales. Estas, que han sido muy pobres y/o muy tardías, han estado en el ojo de la tormenta y de estas, se profundizará en las que respectan a educación y a institucionalidad. La primera de estas tuvo como principal eje a la reforma de la educación superior. Debido a las trabas puestas por ciertos congresistas, con vínculos e intereses privados en instituciones educativas, y el estancamiento de la Ley Universitaria que conllevó el choque con el oficialismo, no es plausible la garantía de servicios de enseñanza de calidad. Esto es especialmente nocivo en el largo plazo y es que la calidad de la enseñanza repercute positivamente en la productividad de los trabajadores y en su posición en el mercado laboral.

En cuanto al desempeño de las reformas institucionales, estas solo han ido apareciendo a raíz de escándalos de corrupción y no han brindado la confianza suficiente para reactivar el dinamismo económico. Para el caso de las inversiones, las expectativas empresariales se vieron afectadas negativamente, y es que a pesar de que la inversión nacional bruta ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, la situación no es similar para la inversión directa extranjera, que en este cuatrienio ha sido siempre inferior a la de 2015 y que en 2018 registró su cifra más baja en los últimos años. Es completamente viable adjudicar parte de esta caída al contexto de incertidumbre política y a un alto riesgo político regulatorio. A la larga, como afirma Standard & Poor’s, esta falta de transparencia institucional podría generar un deterioro de las calificaciones de riesgo crediticio, que hasta el momento se mantienen estables.

En suma, es innegable que la actitud de oposición en la que se encontraba gran parte del Congreso y el debilitamiento institucional tuvieron implicancia en el retraso de importantes obras y reformas, que a su vez han tenido efecto en pérdidas económicas sociales y caída de la inversión. A pesar de que hayan muchas otras razones para el estancamiento del crecimiento de la economía peruana y que sea difícil medir concretamente los efectos de estos retrocesos, es cierto han sido suficientemente notorios en el bienestar de la sociedad como para generar descontento y un gran rechazo hacia los actores involucrados.

Siendo así, ¿qué se puede esperar del próximo Congreso de la República, considerando que ejercerá por solo un año? Aún con este pequeño periodo, ciertos cambios son necesarios para mirar hacia el futuro. No se puede continuar buscando el progreso sin la transparencia de los Poderes, además de una disposición de los mismos para colaborar, o al menos, consensar, mediante la cual se puedan elaborar planes estructurados a mediano y largo plazo para contrarrestar las diferentes deficiencias presentes en nuestra sociedad. Si bien actualmente ya hay unos primeros esfuerzos de lograrlo, como la creación de la Junta Nacional de Justicia o del Plan Maestro del Sistema Integrado de Sistema de Transporte, es deber de la ciudadanía velar que estos se cumplan. El primer paso por hacer es tomar una decisión consciente en las cédulas.