El valor agregado del comercio justo

Lucía  Castellares, alumna de Administración de la Universidad del Pacífico

Más de 170.000 agricultores mueren cada año en su lugar de trabajo. Esta cifra representa el doble de muertes producidas en cualquier otro sector. Dichos episodios se deben a la falta de preocupación de algunas compañías por la seguridad y salud de sus agricultores al realizar tareas físicamente exigentes en el trabajo. Sin embargo, los consumidores pueden optar por alternativas que favorezcan a aquellas empresas con una cadena de suministro responsable.

El comercio justo (fairtrade) trae beneficios económicos y reputacionales para las empresas que lo implementan dentro de sus operaciones. Este concepto hace referencia a una manera diferente de hacer negocios que establece  un trato respetuoso entre comerciantes y productores. Organizaciones como Fairtrade International y UTZ acreditan a aquellas empresas que cumplen con ciertos estándares de trabajo para sus productores, ofrecen un pago justo y generan acciones a favor del medio ambiente en el proceso productivo.

Con el fin de generar sostenibilidad en dichas empresas, las certificadoras brindan bonificaciones para compensar el precio mínimo en caso la demanda disminuya, y ofrecen presupuestos especiales para la inversión en proyectos sociales o ambientales en favor de la comunidad. Hasta la fecha, productores en más de 45 países han obtenido un beneficio económico aproximado de USD 600 millones por la venta de productos certificados, incluyendo cerca de USD 400 millones en fondos de desarrollo comunitario y más de USD 172 millones producto del precio mínimo.

La implementación de prácticas de comercio justo genera valor agregado para las marcas. El estudio de IBM, Meet the 2020 consumers driving change, enfocado en analizar tendencias de consumo a nivel global, revela que el 72% de los encuestados está dispuesto a pagar un monto adicional por productos de aquellas compañías que ofrecen total transparencia y sostenibilidad en sus procesos. Por tal motivo, esta certificación permite mayor acceso a mercados internacionales y mejora las ventas en términos de volumen y precio.

No existe una barrera sobre la categoría de producto elaborado bajo estos criterios. Sin embargo, la urgencia de estas buenas prácticas es mayor en determinadas industrias. Los trabajadores de la industria chocolatera constituyen uno de los grupos más vulnerables en términos de abusos laborales. De acuerdo con el Índice Global de Esclavitud 2018 de la Universidad de Tulane y The Walk Free Foundation, 30.000 personas son víctimas de esclavitud moderna gracias al trabajo realizado en plantaciones de cacao a nivel global. Ghana y Costa de Marfil, responsables del 70% de la producción de este grano, emplean alrededor de 2.2 millones de niños para el cultivo y cosecha. La precaria situación financiera de sus familias y el poco poder de negociación por la concentración del mercado los obliga a aceptar las pésimas condiciones de trabajo. Como “recompensa”, los agricultores perciben solo el 4% del beneficio total obtenido por la venta del chocolate.

Para poder revertir esta situación, Tony Chocolonely, empresa de chocolates líder en Países Bajos, se propuso crear una barra libre de esclavitud en toda su cadena de suministro. Por esa razón, la empresa garantiza una vida digna para sus agricultores pagando un salario 40% mayor al promedio del mercado africano. Adicionalmente, la empresa organiza capacitaciones para mejorar la productividad, utiliza fertilizantes seguros y ofrece mayor acceso a agua y educación para sus trabajadores. Además, trabajan en conjunto a Fairtrade para incentivar a otras empresas a unirse a la iniciativa. Gracias a ellos, en abril de 2019 el senado neerlandés aprobó una ley que prohíbe el trabajo infantil dentro de las operaciones de todas las empresas que comercialicen y operen en Países Bajos. Esto las obliga a ser más justas y transparentes con sus grupos de interés. La comunicación con un propósito claro y disruptivo a la vez ha llevado a que la marca obtenga el 20% de participación de mercado en el país y una proyección de crecimiento anual del 27%.

En el panorama local, la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) es la red que representa a todas las organizaciones certificadas como Fairtrade en la región. Respecto al cacao, existen 66 organizaciones productoras certificadas miembros de dicha organización, entre las cuales el 56 % se sitúa en Perú. A pesar de la importante representación que ocupan nuestras empresas a nivel regional, hay mucho por desarrollar tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Las empresas y consumidores deben orientar sus hábitos hacia operaciones y consumos más responsables y evitar replicar o fomentar situaciones de abuso laboral.