¿Por qué incumplimos la cuarentena?
Por Nicolás Serván, alumno de Derecho de la Universidad del Pacífico
El último viernes, cuando fui a hacer las compras semanales me resultó complicado cruzar la avenida Javier Prado. Parecía que el tránsito había vuelto a la normalidad. Se podían ver algunos buses, taxis y también carros particulares.
La quinta y sexta semana de cuarentena serán las más duras para nuestro sistema de salud, según las autoridades; sin embargo, son las semanas en las que se ha experimentado mayor movimiento en las calles. Cientos de videos en las redes sociales así lo demuestran.
¿Por qué incumplimos la cuarentena?
Muchos ciudadanos entrevistados en sus carros en los supermercados señalaron desconocimiento de la norma. Esta afirmación no resulta creíble. Vemos permanentemente al presidente Vizcarra repitiendo las indicaciones de distanciamiento social en su informativo diario. En cualquier caso, el desconocimiento de una norma no exime su cumplimiento.
Lo cierto es que incumplimos la cuarentena porque los beneficios de incumplir son mayores que los potenciales costos. Identificamos, por lo menos, dos grandes costos: i) contagiarse de covid-19; y, ii) tener que pagar una multa.
En un primer momento, el gobierno no había establecido multa por incumplir la cuarenta, así que el único costo era el contagio. El riesgo de contagiarse con este virus es un asunto médico y epidemiológico; sin embargo, debemos tener en cuenta que existe una probabilidad de contagio. No todo aquel que sale necesariamente se contagia. La teoría nos lleva a señalar que, si el costo de contagiarse es 100 y la probabilidad de contagio es 20%, el costo real es solamente de 20. Si el beneficio es mayor a 20, una persona decidirá salir.
La ecuación no es tan sencilla. Las personas ponen en riesgo su salud porque, en muchos casos, viven con un presupuesto que depende de su trabajo diario. Su decisión de salir a la calle es una decisión de subsistencia, porque los bonos estatales no llegan a todos los que lo necesitan. Si no salir implica no comer, preferimos asumir el riesgo del contagio. Además, los costos del tratamiento de esta enfermedad son asumidos por el Estado.
Más allá de la validez legal, la aplicación de multas no ha cambiado la situación. Por ejemplo, el monto de la multa por realizar actividades económicas no esenciales es de S/ 301; sin embargo, ese monto no se agrega al costo de nuestra decisión de salir a la calle. Una vez más, debemos analizar cuál es la probabilidad de que la policía me encuentre realizando actividades económicas no esenciales.
Basta mirar a una avenida importante de la ciudad para descubrir que la probabilidad de recibir una sanción es baja. El Estado no tiene capacidad de perseguir a todos los ciudadanos para velar el cumplimiento de la cuarentena.
En los hechos la cuarentena parece haber terminado. Ello debe impulsar al Estado a que se reactiven las actividades en la mayor cantidad de sectores posible, con las medidas sanitarias de protección. Es preferible un levantamiento guiado por el Estado que calles abarrotadas en plena cuarentena.
A este análisis se suma la incertidumbre de no saber hasta que momento se prolongará la cuarenta y en qué sectores se levantará. Urge que el Estado nos bride mensajes claros sobre las medidas futuras que se adoptarán.