La otra cara de la moneda: Más del 78% de jóvenes entre 18 a 29 años trabaja en condiciones de informalidad desde hace 5 años.

Escribe Daniel Enrique Lara Rojas, alumno de Administración de la Universidad del Pacífico.

Hablar de erradicar la explotación laboral hoy en día puede tornarse a ser un discurso algo fuera de lugar. Lo cierto es que, si del trabajo se tratase, la dependencia forzada de un trabajo informal puede crear condiciones similares de precariedad en el ambiente, la seguridad y la dignidad de mujeres y hombres.

Es por ello que la Declaración de los Derechos Humanos contempla en su artículo 23 que toda persona tiene derecho a su libre elección y a condiciones de trabajo favorables. Sumado a esto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), propone como indispensable para el desarrollo inclusivo y sostenible de toda sociedad, el objetivo 8: el trabajo decente. Con esto nos referimos a cómo las personas pueden relacionarse con su trabajo en condiciones de dignidad, seguridad de ingresos y seguridad personal. En esta línea ¿Cuál es el diagnóstico de la población juvenil del sector informal en el Perú?

Según la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), la población juvenil se entiende como personas entre 15 a 29 años. La cual para el 2020 alcanzó los 7 869 975 de personas; es decir, la cuarta parte de la población total. Además, 61,4% forma parte de la población económicamente activa (INEI, 2020); es decir, casi 5 millones de jóvenes trabajan. Lo alarmante es la cantidad de los que laboran en el sector informal.

Según el Instituto Peruano de Economía (2019), 7 de cada 10 jóvenes entre mujeres y hombres trabajaban en condiciones de informalidad a finales del 2019. Sumado a esto, la pandemia del covid-19 ha incrementado esta cifra a 8 de cada 10, según las mediciones de mediados del 2020. Esto quiere decir que, del total de la PEA juvenil, el 78,7% trabajó en condiciones precarias y sólo el segundo trimestre del 2020 alcanzó una cifra récord desde el 2012 de 81,7% (SENAJU, 2020).

Desglosando esta cifra, según el área de residencia, no deja de ser mucho más preocupante. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), del total de jóvenes de residencia rural económicamente activa el 97% presentan una tasa de informalidad, a diferencia de los jóvenes urbanos con un 74,9%.

En ese sentido, podríamos considerar que la pandemia ha sido determinante para revelar un problema que se ha incrementado. Sin embargo, las tendencias se han mantenido significativamente altas desde los últimos 5 años.

Solo la tasa de desempleo juvenil desde el 2016 se ha mantenido en un rango de 78,2% a 79,3% hasta antes del primer trimestre del 2020 (INEI, 2020). En el caso de la tasa de desempleo en 8,4% y el ingreso mensual promedio en 890 soles, durante el mismo periodo.  ¿Podemos decir que la pandemia incrementó significativamente la informalidad?

Este es un problema que se ha mantenido en nuestra sociedad y no solo las estadísticas nos permiten ver lo que día a día ya contemplamos. Según Loayza (2008), mecanismos como la educación, leyes y mayor libertad económica son algunos de los que podrían reducir la informalidad en sociedades como la nuestra.

Finalmente, es importante entender a la informalidad no solo como un enfoque vinculado a la decisión lucrativa o interesada de algunos, sino también como la consecuencia de la precariedad de mecanismos que puedan evitarla. De esta forma, poder alcanzar el desarrollo económico que necesitamos, y principalmente el respeto de dignificar el trabajo de todas y todos los que habitan nuestro país.