Sobre Emisiones GEI y Juntas Obligatorias de Accionistas 2023
“No es obligatorio”. “No nos aplica”. “No lo vemos necesario”. Son algunas (muy pocas) de las respuestas (o más bien, justificaciones,) relacionadas con las preguntas siguientes: ¿La sociedad mide sus emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI)? ¿La sociedad tiene objetivos o metas para reducir sus emisiones GEI?; información que podemos revisar en algunos Reportes de Sostenibilidad Corporativa (RSC) de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) presentadas en el lapso de este último trimestre 2023. La medición de emisiones de GEI es un compromiso al cual progresivamente se están acogiendo diferentes empresas. De hecho, la buena noticia es que este año varias empresas reportan la utilización de la Huella de Carbono del Ministerio de Ambiente- MINAM (herramienta gratuita), y/o la medición con normas técnicas y estándares internacionales de calidad, y verificados con proveedores privados.
Como se sabe, años atrás el Programa de Inversión Responsable (PIR) propuso al regulador varios cambios al referido reporte informativo, que formando parte de la Memoria Anual, completan, aprueban y divulgan anualmente las empresas con valores inscritos en el Registro Público de Mercado de Valores. En este reporte las empresas comentan sobre su gestión medioambiental y su desarrollo social (gestión de stakeholders). En el año 2020, la SMV publicó posteriormente una actualización del referido reporte y hoy por hoy esta herramienta informativa es de suma utilidad para los inversionistas y el mercado en general. Completada de manera apropiada, permite tener mejor visibilidad y trazabilidad de indicadores medioambientales a través de la huella de carbono, y del uso de recursos (huella hídrica, eléctrica) así como de la disposición de residuos sólidos de diversas empresas del mercado de valores. Esta información puede ser comparable y comparada por años (lo que se mide, se gestiona). Además, este reporte sugiere un mayor compromiso del Directorio de dichas empresas con la fijación y cumplimiento de una política ambiental.
Por otro lado, lo que podemos observar a partir de las sesiones de Junta Obligatoria de Accionistas (JOAs) en las referidas empresas este 2023, las cuales se celebran dentro de los primeros tres meses del año – según nuestra Ley General de Sociedades – es que hay más empresas que contemplan puntos de agenda específicos sobre Información de Aspectos ESG (en adición a los puntos de rutina como la aprobación de la Memoria Anual, que como dijimos, incluye al RSC). Y al ser puntos de agenda distintos, pueden ser, al menos – potencialmente – discutidos por los accionistas en la sesión de junta, de manera separada. Estos reportes ESG han incluido en ocasiones, informes específicos sobre reducción de emisiones y carbono neutralidad, y reportes financieros sobre cambio climático. Esto puede ser leído como una señal positiva del mayor engagement ESG de inversionistas institucionales respecto de estas empresas, y/o un esfuerzo de éstas últimas en divulgar al mercado con mayor énfasis sobre sus aspectos relacionados a la sostenibilidad, más allá de lo que sea obligatoriamente exigible en el Perú. Lo que – presumo- no quieren estas empresas es que el RSC (y la Memoria Anual con fama de muy extensa) termine adornando una mesita de la sala de recepción en sus oficinas, sin lograr el impacto deseado en stakeholders.
Divulgar la estrategia ESG en otros mercados ya se viene convirtiendo en un punto de mucho escrutinio. Los inversionistas institucionales con mucho activismo y firmas de advisory de proxy voting como ISS y Glass Lewis (asesoría de voto a distancia) recomiendan en 2023 votar en contra de directores o miembros de comités de directorio de empresas consideradas por Climate Action 100+ como aquellas que no han tomado pasos mínimos para entender, evaluar y mitigar riesgos a la compañía y del cambio climático, incluida la utilización de herramientas de divulgación como TCFD (referido en la entrega anterior) y reducción de emisiones de GEI.
Mientras esto ocurre, hace tan solo algunos días los países del G7 acordaron en Sapporo, Japón, acelerar la eliminación de los combustibles fósiles como máximo al 2050, tras intensas rondas de discusiones. Estos países son responsables de una gran parte de la emisión global de GEI: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japón. Si bien no se trata de un acuerdo vinculante, sería una buena señal de que esa es la dirección correcta para dar una guía sobre futuras negociaciones climáticas, políticas gubernamentales e inversiones a energías e industrias limpias. Asimismo, según Reuters, se requiere por lo menos 20 billones de dólares de ayuda financiera de estos países por año para que los países en desarrollo puedan reducir su dependencia de gas y petróleo.
Coincidentemente, estamos a casi 5 años exactamente de la publicación de Ley Marco Sobre Cambio Climático, Ley 30754 (17.04.2018), la misma que fue reglamentada mediante Decreto Supremo 013-2019-MINAM. Estas normas establecieron los pilares de actuación a nivel de los distintos niveles de gobierno peruano para la gestión integral del cambio climático, con el MINAM como autoridad que lidera dicha gestión. Uno de los instrumentos de gestión más importantes es la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) al 2050, la cual se encuentra en etapa de actualización.
La ENCC permitirá tener una visión y planificación de largo plazo sobre nuestros ecosistemas, medios de vida, sistemas productivos y de infraestructura; así como sobre la neutralidad del carbono en el Perú. El documento – tras el proceso participativo ciudadano de consultas en el 2022 – debe ser socializado por CEPLAN y luego aprobado en Consejo de Ministros. La ENCC permitirá conocer los diversos esfuerzos que serán necesarios sectorialmente para que el Perú pueda cumplir con sus compromisos internacionales relacionados al cambio climático, entre ellos, la reducción de sus emisiones GEI en 40% (llamado Nuestro Desafío de Cambio Climático o NDC) en primer lugar para el 2030, con el objetivo de lograr la carbono neutralidad más adelante, es decir, que el Perú logre compensar las emisiones con las absorciones de GEI (minimizar deforestación, maximizar uso de energías renovables, sistema de transporte libre de emisiones, economía circular, etc).
En este sentido, es importante reconocer estos esfuerzos del sector privado en comunicar sus acciones en torno a la sostenibilidad pero también involucrarnos nosotros mismos en estos procesos participativos como el que se ha estado dando en el marco de la actualización de la ENCC. Hay que generar conciencia de estos temas estratégicos para nuestro país y poner por delante las bases para un crecimiento económico – valga la redundancia – sostenible para todos y todas los peruanas. Se trata del futuro y de ti también, de tu país, de nuestro país.