Hacia una transición energética justa en América Latina y el Caribe

Por Lian Allub, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socieconómicas de CAF

El consenso global reconoce la urgencia de reducir las emisiones de carbono y establecer metas específicas para 2030. Sin embargo, no existen soluciones universales que se apliquen de la misma forma en todos los países.

El Reporte de Economía y Desarrollo (RED) elaborado por CAF, titulado “Energías renovadas: transición energética justa para el desarrollo sostenible“, examina la generación y consumo de energía en América Latina y el Caribe, sus necesidades y las acciones que se pueden tomar para una transición energética que busca producir y aprovechar la energía de manera más sustentable, de acuerdo a las características regionales.

La transición energética no se limita a un cambio hacia el transporte eléctrico o al incremento de la generación de electricidad a partir de la expansión de fuentes renovables como la energía solar o la eólica. Además, debe enfocarse en la eficiencia de los sistemas energéticos y en destinar recursos para desarrollar nuevos combustibles de bajas emisiones.

En la región hay un compromiso para reducir las emisiones en un 11% para 2030, en comparación con el 37,4% de América del Norte y el 29,5% de la Unión Europea. Sin embargo, si se contemplan las diferencias en tasas de crecimiento de la población esperada y, en particular, del PIB per cápita para cerrar las brechas de desarrollo de los países de la región con el mundo desarrollado, el esfuerzo de mitigación energética, medido como la reducción de las emisiones por unidad de producto, entre las regiones es similar.

Una estrategia energética efectiva para América Latina y el Caribe debe incluir medidas relacionadas con la oferta y la demanda, así como políticas transversales que influyan positivamente en las estrategias de transición energética. El RED presenta una variedad de opciones para abordar la transición energética considerando las particularidades de cada país. Por el lado de la oferta, sobresale una mayor eficiencia de los sistemas energéticos; la electrificación verde e integración energética, el uso del gas natural como combustible de transición mientras se invierte en energía renovable no convencional como la solar, eólica, geotérmica o incluso nuclear para la generación de electricidad; y la promoción de combustibles limpios mediante nuevas tecnologías como el hidrógeno de bajas emisiones y los combustibles biológicos sostenibles; entre otros.

En el caso de la demanda energética se identifican oportunidades en industria, hogares y transporte. La industria representa el 11% de las emisiones directas y el 24% de las energéticas en la región, siendo los sectores del cemento, acero y química los más intensivos. La inversión en tecnologías como el hidrógeno verde, modernizar hornos y otros bienes de capital asociados al consumo de energía, revisar los procesos productivos y usar combustibles limpios son algunas de las opciones.

La transición energética residencial debe enfocarse en la eficiencia, pero también en el acceso y asequibilidad a energías limpias;  empelando subsidios focalizados y bien diseñados, campañas de concientización y la ampliación del servicio eléctrico para prevenir el uso de leña y carbón. El transporte genera el 25% de las emisiones energéticas en la región. La transición hacia la electromovilidad es incipiente y debe incentivarse el uso del transporte público y la electrificación de este sector.

Además de las estrategias específicas de oferta y demanda de energía, es crucial desarrollar tecnologías de captura, almacenamiento y uso de carbono, financiar proyectos verdes y promover la economía circular. También será importante acompañar desde el lado de la política tarifaria para promover un consumo responsable, sin descuidar la asequibilidad ni desalentar los incentivos a la inversión en el sector. Por ejemplo, los subsidios al consumo de energía, tanto eléctrica como de hidrocarburos, representan en promedio el 4.5% del PIB en la región. Estos subsidios, al reducir el precio pagado por la energía estimulan su consumo en lugar de reducirlo. Es necesario realizar un rediseño de estos subsidios de manera tal que favorezcan un consumo eficiente de energía sin descuidar la asequibilidad de los sectores más vulnerables.

América Latina y el Caribe puede contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático sin incurrir en altos costos sociales o desviaciones en sus objetivos de desarrollo económico y social. Una revisión adecuada del sistema energético permite a los gobiernos establecer prioridades y enfocar recursos en etapas efectivas de reducción de emisiones, beneficiando a sus poblaciones y al mundo entero. Con este reporte, CAF espera aportar al debate y reitera su compromiso de ser el banco verde y del crecimiento inclusivo y sostenible de la región.