El enemigo oculto
Todos los que pasamos los 40 años recordamos a Farrah Fawcett. Diva indiscutible de las décadas de los setenta y ochenta quien protagonizó una película llamada “El enemigo oculto”.
En la cinta, Farrah Faucett interpretaba a una mujer judía que, junto con su joven pareja, descubre un siniestro plan que permitiría al imperio nazi volver a surgir tras la segunda guerra mundial. Tras ello, se convirtieron en una suerte de espías secretos que debían desenmascarar a nazis infiltrados en la sociedad y así desbaratar las oscuras intenciones de estos “enemigos ocultos”.
Hace unos pocos días tuve la oportunidad de participar como expositor en un evento internacional organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) y por el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero (ICDA) llevado a cabo en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias.
Uno de los temas centrales de la ponencia a mi cargo versó sobre la falta de supervisión adecuada en torno a la compatibilidad entre los acuerdos internacionales y los procedimientos y normas reglamentarias en general.
Ello debido a que, en la práctica, aquello que normalmente obstaculiza o, incluso, impide la debida implementación de estos acuerdos no son necesariamente las normas con rango legal sino más bien aquellas normas infralegales dictadas “a la defensiva”, pensando en los malos operadores que pretenden sacar ventajas indebidas en vez de pensar en aquellos que sí se preocupan por cumplir con sus obligaciones (estimamos la gran mayoría).
Así, el exceso y la falta de razonabilidad de requisitos y formalidades constituyen el verdadero “enemigo oculto” de aquellas disposiciones que, sustentadas en normas y prácticas internacionales, procuran facilitar flujos comerciales, reducir costos operativos y mejorar niveles de competitividad.
Lo mencionado no es poca cosa si tenemos en consideración que, sobre la base a la última reforma aduanera dispuesta por el Decreto Legislativo 1235, entre el MEF y la SUNAT deberán expedir aproximadamente unas 32 disposiciones reglamentarias y procedimentales.
Resta pedir a las autoridades competentes que actúen con sensatez en este crucial momento.